La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que reúne a centros privados y concertados de toda España, insiste en las consecuencias de imponer un IVA del 21% a la educación privada, actualmente exenta de este impuesto. «Esta medida afecta de lleno a muchas familias de clase media y trabajadora», señala el presidente de la Confederación, Alfonso Aguiló.
Según resume en declaraciones a Europa Press, con esta medida los centros de gestión privada se convertirían en recaudadores, pues el colegio, «por cada 100 euros que recibe, tiene que pedir 21 para ingresarlos en Hacienda», por lo que este impuesto se aplicaría directamente al precio de los servicios que ofertan los centros.
Esta medida preocupa especialmente a la CECE, que ha reunido este lunes a los presidentes de sus federaciones territoriales con el objetivo de abordar la preocupación del sector de la enseñanza por los anuncios realizados por el Gobierno de gravar con un IVA del 21% los servicios educativos de gestión privada. Según ha avanzado, «todos los presidentes mostraron su inquietud por ser un tema que ha sido lanzado a la opinión pública de modo bastante confuso».
«La preocupación se centró en las consecuencias que podría tener en el empleo de cada región, así como en el perjuicio que supondría para las clases medias y trabajadoras en el acceso a servicios educativos y formativos de todo tipo», explica Aguiló.
Según la Confederación, esa subida del 21% de IVA en educación será recaudatoriamente «ineficaz», pues no aumentaría el saldo final (tal y como sostiene la AIREF) y supondrá un importante sobrecoste para las comunidades autónomas. Además, Aguiló destaca que en el resto de Europa los servicios de educación privada están exentos de tributar por IVA.
Esta subida fiscal frenará la demanda, según el presidente de CECE, y producirá de inmediato una importante destrucción de empleo. Esa destrucción de empleo disminuirá a su vez la recaudación del IRPF y de la Seguridad Social, al tiempo que aumentará el gasto en subsidios de desempleo.
«Esta medida afecta de lleno a muchas familias de clase media y trabajadora, pues la mayoría de los ciudadanos lleva a sus hijos a escuelas infantiles, comedores escolares, escuelas de idiomas o música, actividades extraescolares, escuelas deportivas, etc. –explica– No debe pensarse que afecta solo a un segmento poblacional de alto nivel económico, sino que esa subida de costes afectará a todo tipo de familias. Los impuestos al consumo no son graduales y por tanto afectan igual a una familia de alto o de bajo nivel de renta, pues ambas pagan lo mismo por un determinado servicio».
Y en los centros concertados, supondrá un sobrecoste para las familias en los servicios y actividades complementarias y extraescolares, al comedor, horario ampliado, y, además, afectará al coste completo de la etapa 0-3 años y el Bachillerato, que son tramos no concertados.
Asimismo, CECE subraya que encarecer con IVA la educación supondrá dificultar la conciliación entre la vida laboral y familiar, pues elevar el coste del comedor de alumnos o de las escuelas infantiles de 0 a 3 años supondría la exclusión de estos servicios para muchas de ellas.
Y, por último, Aguiló señala que esta medida afectaría más a los alumnos con necesidades especiales por el encarecimiento de los logopedas, fisioterapeutas, orientadores, psicólogos y otros servicios profesionales similares, así como a los estudiantes que necesitan un apoyo extraescolar para reforzar los conocimientos que reciben en clase.
«El Gobierno debe considerar que esa medida generaría un fuerte rechazo y un desgaste electoral innecesario», advierte.
Dada la preocupación del sector, la Confederación se reunirá este miércoles con UGT y su secretario general para exponer sus demandas.
