El Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles sus conclusiones, aunque con la oposición de PP y Ciudadanos, que han criticado algunas de las propuestas que incorpora, entre ellas que las becas se concentren en la escuela pública, por entender que discrimina a la concertada.
Las conclusiones, sin embargo, van mucho más allá y se centran en cuestiones sociales como la situación de indefensión de los mayores en las residencias o las personas con discapacidad. El documento final, al que se han incorporado también enmiendas de PP y Cs, establece que el seguimiento sanitario en centros de mayores se realizará desde los centros de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera.
Asimismo, “se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios”, mientras que “los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas”.
JÓVENES PAGADOS PARA ACOMPAÑAR MAYORES
Todo ello, con el objetivo de proteger a los mayores, a quienes el coronavirus tanto ha afectado, especialmente en las residencias. Todas estas instalaciones deberán tener, según las conclusiones acordadas, protocolos de actuación para que “cuenten con los recursos personales y espacios físicos que se consideren adecuados y suficientes”. Además, se proveerá a las residencias de material sanitario y de protección.
También se recoge la puesta en marcha de un plan contra la soledad no deseada con un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización y de mejora de “unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias”.
En sus intervenciones, los diputados manifestaron sus valoraciones sobre las conclusiones del documento. Para el PP, “la mejor política social es el empleo”, por lo que afeó que las medidas que recogen las conclusiones se basan en “prestaciones sociales” que, a su juicio, deberían ir ligadas a “planes de empleo”, incluido el ingreso mínimo vital.
Para la diputada popular Rosa María Romero “un empleo es lo que da dignidad y libertad a las personas”. Asimismo, valoró que “nos parecen muy intervencionista sus medidas en vivienda”, en relación a la posibilidad de intervenir el mercado de alquiler en determinadas zonas.
EDUCACIÓN PÚBLICA
Desde Ciudadanos, Sara Giménez defendió la posibilidad de “elegir la escolarización pública o concertada” y afeó que las conclusiones sólo recojan la necesidad de incrementar el apoyo a la escuela pública. “Nuestro modelo de escolarización concertada es un modelo de elección”, dijo.
Las conclusiones del grupo de trabajo ponen de manifiesto la necesidad de un “incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas”, y añade que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa” porque es preciso “fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo”.
Para la diputada del PP Rosa María Romero, esto se trata de un “ataque directo a la libertad de enseñanza”. “No entendemos que quieran tender la mano al PP en materia de reconstrucción y nos traen un proyecto de ley sin consenso en materia educativa y propuestas en este documento que son un ataque a la educación concertada” en la que estudian, dijo la diputada popular, “más de dos millones de alumnos”.
La exministra y diputada socialista María Luisa Carcedo aprovechó su intervención en la Cámara Baja para explicar que es en la pública donde se concentran las mayores tasas de pobreza y desigualdad, por lo que defendió el sentido de la redacción del borrador. Además, dijo que “España es el país de Europa con más centros concertados, así que eso díganselo a otros”.
El documento de conclusiones también recoge otros puntos como una enmienda del PP para impulsar un plan de mujeres emprendedoras o una de Ciudadanos para garantizar planes de rehabilitación de vivienda en zonas de chabolismo e infraviviendas.
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