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El PP pide un pacto de Estado por los servicios sociales y “un fondo extraordinario” para el Tercer Sector

El Partido Popular reclama en sus conclusiones de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica el impulso de “un pacto de Estado por los servicios sociales” y la creación de “un fondo extraordinario Covid-19 para hacer frente a las necesidades del Tercer Sector derivadas de la pandemia” del coronavirus.

Así consta en el documento de políticas sociales y sistema de cuidados que ha elaborado el partido de Pablo Casado tras participar en los trabajos de la comisión que se impulsó en el Congreso de los Diputados para buscar soluciones ante los estragos causados por la crisis del Covid-19.

El Grupo Parlamentario Popular propone hasta 72 medidas en su documento de conclusiones sobre políticas sociales y cuidados, siempre partiendo de la base de que “la creación de empleo y la consolidación de una economía estable y robusta representan la mejor política social”.

Eso sí, ante los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, el PP dice que se antoja “necesario que las administraciones desarrollen políticas sociales más eficientes y efectivas, procurando una protección especial de la infancia, la juventud, la familia y las personas con discapacidad”.

En el texto elaborado tras participar en la comisión de reconstrucción, los populares incluyen un apartado de “apoyo al Tercer Sector” en el que abogan por “garantizar a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal el ejercicio de sus funciones en todo el territorio nacional mediante del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades”.

Además, consideran que hay que “crear un fondo extraordinario Covid-19 para hacer frente a las necesidades del Tercer Sector derivadas de la pandemia”, un compromiso que ya había verbalizado Casado y que ahora los populares dejan por escrito en sus conclusiones de reconstrucción.

SERVICIOS SOCIALES

En el apartado de cuidados sociales, que incluye a mayores, dependientes y personas con discapacidad, el PP llama a “promover un pacto de Estado por los servicios sociales que incluya una evaluación de la Ley de dependencia, una revisión de su sistema de financiación y una gestión eficaz y sostenible en todas las comunidades autónomas”.

Según la propuesta del Grupo Popular, este pacto se impulsaría desde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Además, reclaman “aprobar una ley básica de servicios sociales de ámbito nacional que garantice prestaciones comunes con carácter uniforme para toda España y permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social”.

También se alude a la importancia de “garantizar el abastecimiento de equipos de protección individual en los centros de servicios sociales –tanto públicos como privados- para procurar que los profesionales estén debidamente protegidos y evitar la extensión del virus entre las personas mayores, especialmente las más vulnerables”.

En este sentido, se demanda “realizar pruebas diagnósticas de manera obligatoria y diligente a las personas mayores y a las personas con discapacidad que residan en centros residenciales y presenten síntomas de Covid-19”.

Igualmente, los populares llevan a las conclusiones de reconstrucción su propuesta para elaborar “un plan con el que reducir las listas de espera en el acceso a las ayudas de atención a la dependencia, tanto en la resolución del reconocimiento de las prestaciones (que no podrá ser superior a 30 días) como en el cumplimiento del plazo de resolución de las ayudas en el tiempo que establece la normativa vigente”.

DISCAPACIDAD

En sus planteamientos, el PP reclama promover “un plan específico de empleo para personas con discapacidad (también en las administraciones), que incluya formación e incentivos fiscales a empresas para la contratación”.

Habla así de “garantizar en las políticas activas de empleo el factor de discapacidad, manteniendo y mejorando los avances normativos en vigor y garantizando mínimos comunes entre las diferentes comunidades autónomas”.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular también aboga por “elaborar y poner en marcha un plan específico con el que mejorar la situación de las personas con discapacidad en el medio rural”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En el documento de reactivación económica se resumen las propuestas del PP ante “la grave situación que atraviesa España” y que “requiere la adopción de medidas inmediatas pero también de una estrategia de medio y largo plazo que permitan recuperar la estabilidad económica”.

Según las conclusiones del PP, en este momento hay que “aportar soluciones para favorecer un crecimiento sólido y sostenible”. “Es una buena oportunidad para proponer cambios necesarios; esas reformas estructurales que nos demandaban las instituciones internacionales”, recalca el texto.

Desde la premisa de que “no hay mejor política social que el empleo”, en el PP defienden que “queremos crecer a la par que Europa y por el camino que marcan los tiempos”. “El ‘Green Deal europeo’ y los objetivos que se marcan en el futuro fondo de reconstrucción nos muestran un camino que debemos aprovechar para generar valor añadido”, sostienen.

“Debemos escoger cuidadosamente los proyectos a financiar para recoger más de lo que recibimos”, advierte el PP. “Queremos la implicación conjunta de lo público y lo privado en la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo para converger con nuestros vecinos en Europa”, recalca.

En el apartado de turismo, el PP subraya que se “necesita un plan fiscal específico, con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, autonómicos y locales que doten de liquidez o, al menos no la perjudiquen, a las empresas”. Igualmente, habla de “bonificaciones fiscales al turismo interior, como han hecho otros países de nuestro entorno para favorecer la demanda este verano”.

De igual modo, el PP alude a que el sector precisa de “un plan normativo con medidas laborales de emergencia, como la prórroga de los ERTE de fuerza mayor hasta fin de año y, si fuera necesario, hasta el primer trimestre de 2021”. “En concreto, para la hostelería y la restauración sería necesaria la flexibilización de los ERTE, permitiendo adaptar las plantillas al incremento de la demanda”, apostilla.

UE

En lo que respecta a su dictamen de conclusiones sobre la Unión Europea, la formación de Casado incide en que “España tiene que salir reforzada en su posición de Estado miembro de la UE, del mismo modo que Europa tiene que ser más fuerte en España tras la pandemia, mediante una acción responsable y transparente que consolide el sentimiento europeísta de los españoles”.

Entre las medidas para superar la crisis socioeconómica, el PP hace especial hincapié en que el plan propuesto por las instituciones europeas “ha de servir de estímulo para impulsar unas reformas dirigidas a la sostenibilidad ecológica, la transición digital, el desarrollo económico y el progreso social”.

“Es necesario que los Estados que van a recibir las ayudas, como es el caso de España, optimicen el uso de la financiación comunitaria, en aras de la sostenibilidad financiera de sus cuentas públicas, y alineen sus objetivos de política económica con los grandes ejes planteados por la Comisión Europea, particularmente en cuanto a la Agenda Verde y la Digital y evitando en lo posible financiar industrias no competitivas o que se empleen en proyectos ajenos al del crecimiento sostenido y de una recuperación a largo plazo”, exponen desde el PP.

En esta línea, el Grupo Popular ahonda en que “los instrumentos comunitarios de financiación han de tener el objetivo de provocar una transformación real de la economía” y en que “es necesario que las transformaciones que experimentarán las sociedades de los Estados miembros no impliquen la desaparición de industrias y perjudiquen sectores productivos bien asentados que puedan dejar a tales países en una situación económica aún más precaria”.

En este ámbito, el documento del PP recuerda que el propio Parlamento Europeo insiste en que el fondo de ayuda no debe suponer una carga adicional para las haciendas públicas nacionales ni un menoscabo de las políticas tradicionales de la Unión y debe guiarse por los principios de “una buena gestión financiera, por lo cual es necesario establecer nuevos recursos propios de ámbito comunitario”.

“Urge que España, en el contexto del mercado europeo e internacional, recupere cuanto antes un clima de confianza empresarial propicio para la inversión –con medidas como bajadas de impuestos y apoyo a sectores clave como el automóvil y el turismo–. Otros países ya disponen de una planificación, han valorado las inversiones necesarias y cuenta con un calendario de implementación”, avisa el PP ante esta “oportunidad que España no puede dejar pasar”.

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