La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) denunció este miércoles que a algunas familias de menores con sordera se les ha notificado la extinción de la prestación por hijo con discapacidad a cargo y han visto suspendido el abono anticipado de la deducción del IRPF por descendiente con discapacidad, bajo el argumento de que no han renovado el certificado.
En un comunicado, subrayó que la suspensión de plazos administrativos decretada durante el estado de alarma implica el mantenimiento de la vigencia del certificado de discapacidad, en base a la suspensión de plazos administrativos y de plazos de caducidad establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por ello, pidió a la Agencia Tributaria (AEAT), al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) que acepten la vigencia prorrogada de los certificados de discapacidad caducados durante el estado de alarma y la de aquellos cuya renovación quedó sin resolución, mientras no pueda llevarse a cabo la tramitación pertinente. «Se trata de que las familias no queden desasistidas en un momento ya especialmente difícil para su economía», señaló.
Según apuntó, el certificado de discapacidad es la llave para acceder a la mayoría de las prestaciones y medidas establecidas para compensar el sobrecoste que asumen las familias con un miembro con discapacidad.
Fiapas hizo un llamamiento a los responsables autonómicos para que se impliquen y agilicen estos procedimientos pendientes, a fin de no prolongar ni incrementar innecesariamente las dificultades que ya tienen que afrontar las familias con hijos e hijas con discapacidad.
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