El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este domingo al Gobierno de España una «regulación urgente» del ingreso mínimo, que aminore el impacto social de la pandemia del Covid-19, pero siempre «previo diálogo» con los sectores sociales, que considera «no pueden quedar al margen de una decisión tan transcendental para la protección social en España».
En un comunicado, afirma que el ingreso mínimo de ámbito estatal es «una elemento clave para la cohesión y la lucha contra la exclusión y la pobreza, que el tercer sector social, incluida la discapacidad organizada, lleva décadas exigiendo a los poderes públicos, por lo que no puede adoptarse sin el concurso de la sociedad civil, que ha de ser coprotagonista del diseño y configuración legal de este nuevo recurso».
Destaca que la pandemia del coronavirus «ha evidenciado como nunca antes la necesidad de una renta básica estatal, y puede ser la coyuntura que acelere su aprobación, aunque sea solo con carácter transitorio», pero advierte de que su regulación «no puede hacerse sin diálogo activo y preliminar con los sectores que conocen bien la cartografía de la exclusión en España y pueden inspirar la normativa más valiosa y eficaz en términos sociales».
En este sentido, el Cermi instó al Gobierno, en nombre de todas las entidades de la discapacidad a las que representa, a «abrir una mesa de escucha y negociación» con el tercer sector de acción social, que permita consensuar la arquitectura y los parámetros esenciales de esta nueva renta básica.
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