El Cermi plantea a Cultura que no otorgue ayudas públicas a las producciones cinematográficas que no sean accesibles en origen

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Ministerio de Cultura y Deporte que no se concedan ayudas públicas a las producciones cinematográficas que no garanticen la accesibilidad universal desde el momento de su creación, de forma que puedan llegar en igualdad de condiciones al público con discapacidad.

Así lo plantea la plataforma representativa de la discapacidad en España en un documento de propuestas y observaciones al borrador de Proyecto de Orden por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, que se encuentra en fase de audiencia e información pública.

Para el Cermi, la accesibilidad universal de los proyectos cinematográficos que se presentan a estas convocatorias oficiales de ayudas públicas debe dejar de ser considerada meramente una “mejora, un elemento que eleva la puntuación del proyecto aspirante, dentro de un baremo, para constituir un factor de exigencia absoluta”.

A su juicio, “ningún proyecto que no incluya la accesibilidad desde el inicio, entendiendo por tal que disponga de medidas de accesibilidad como el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos, implantadas con arreglo a normativa técnica de normalización aplicable, no podrá ser considerado para recibir ayudas, siendo factor de descarte y exclusión”.

“Que producciones inaccesibles reciban dinero público es una contradicción y una incoherencia que atenta contra la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y de derechos de las personas con discapacidad. La orden ha de asumir el mandato de la accesibilidad en origen como criterio de admisibilidad de los proyectos presentados”, recalca el Cermi.

INCLUSIÓN LABORAL

Más allá de las cuestiones de accesibilidad, el Cermi considera que las administraciones públicas deben defender “bienes sociales” como la empleabilidad de grupos sociales “excluidos” o “subrepresentados” como el de las personas con discapacidad.

Así, plantea que no se exija solamente la incorporación de una persona con discapacidad al equipo, sino que se fije el requisito para la concesión de ayudas la acreditación por parte de la persona o empresa aspirante de que cumple la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en caso de que le sea aplicable.

El Cermi propone también que la orden incorpore como criterio de valoración positiva de los proyectos aspirantes a recibir ayudas públicas la inclusión de personajes con discapacidad o temática de discapacidad, en las narrativas cinematográficas (guiones, historias, etc.), “de modo que esta realidad personal y social aparezca más crecientemente en las producciones cinematográficas y favorezca el enriquecimiento del imaginario colectivo del público, con expresiones de diversidad social”.

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