El mayor de los Mossos d´Esquadra juzgado en la Audiencia Nacional por su actuación en el 1-O, Josep Lluis Trapero, desveló en la segunda jornada de declaración que se negó a ceder datos de encausados por fraude fiscal y de los registros de hoteles y apartamentos de Cataluña al departamento de Economía que dirigía Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
En respuesta al fiscal Miguel Ángel Carballo, Trapero habló de una reunión que se celebró en julio de 2017 en la Consejería de Economía, a la que asistieron los mandos de los Mossos para hablar de la eventual asunción de “competencias plenas” por parte de la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad y de control aduanero.
Según la versión dada por Trapero este martes, el departamento de Economía quería que el cuerpo autonómico les entregara copia de la base de gestión de los hoteles y apartamentos turísticos de Cataluña. El objetivo era obtener información fiscal sobre el pago de impuestos de estos negocios a la Generalitat. El acusado aseguró que tal actuación era “una barbaridad” y «nos negamos» en una decisión del propio Trapero, compartida con el director de los Mossos en ese momento, Albert Batlle.
Economía también pretendía que se le informara sobre las personas encausada por fraude fiscal en Cataluña, aparentemente para preparar la construcción de una Hacienda pública catalán. «A esas reuniones fui yo y dijimos que no, que las lleva la autoridad judicial y que no tenían por que tener esa información, y que si tenían interés lo solicitaran a la autoridad judicial».
Entonces, el secretario general de Interior, César Puig, también acusado en esta causa, convocó en Economía a la cúpula de los Mossos a una reunión que se celebró el 31 de julio de 2017. Según Trapero se quedan “a cuadros” cuando Puig les pidió “disculpas”, en vez de reiterar su petición, que era lo que esperaba. Trapero concluyó que no tenía “ni idea” de los planes del Govern.
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