El PNV ha registrado ya en el Congreso de los Diputados su ofensiva legislativa para la legislatura, en forma de seis proposiciones de ley que pretende negociar con el PSOE y con las que busca modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (la llamada ‘ley mordaza’), la del Tribunal Constitucional o el Código Penal, además de garantizar el control de los gobiernos en funciones, entre otros objetivos.
Tras apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los nacionalistas vascos han presentado seis proposiciones de ley que, una vez registradas y admitidas a trámite por la Mesa, podrán ir decidiendo cuándo somete cada una de ellas a consideración del Pleno, en función de su cupo de iniciativas y de sus intereses en cada momento a lo largo de la legislatura.
En la proposición de ley de reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el PNV argumenta que en una sociedad democrática avanzada la seguridad es “un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo”. De modo que, a su juicio, “la seguridad ciudadana no es un condicionante genérico que pueda restringir el ejercicio de cualquier derecho constitucional, sino un estado o condición material que facilita el ejercicio de tales derechos y libertades y que debe proveerse por las instituciones públicas competentes”.
Así, propone modificar la Ley para preservar el principio de respeto institucional a cada Administración pública y a sus órganos y servicios, reforzar la indemnidad de los trasladados a dependencias policiales para su identificación, además de garantizar que prima la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
Una de las modificaciones reclamadas por el PNV busca asegurar que no haya dudas sobre la licitud de ejercer el derecho de manifestación utilizando vehículos en las vías públicas y eximir de tratamiento infractor “a las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, siempre que no perturben la seguridad ciudadana o lo hagan de manera poco relevante” y que no incurran en los supuestos contrarios previstos en la legislación sobre el derecho de reunión.
Además, reclama suprimir el precepto sobre uso de imágenes de los agentes, por entender que, junto al artículo que permite a los agentes la aprehensión preventiva de los instrumentos de captación empleados por los informadores en manifestaciones, supone “una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización; no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo Tribunal Constitucional para limitar el derecho a la información”.
Otras modificaciones sugeridas por el PNV buscan asegurar el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, y establecer un procedimiento “para que el mandato de respeto de la normativa internacional derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, cuando se realicen devoluciones en frontera de extranjeros que entran ilegalmente en España, sea real y efectivo”.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Otra de las proposiciones registradas por el PNV es para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo carácter orgánico requeriría una mayoría absoluta favorable a la reforma. Con ella pretende derogar la introducción del recurso previo de inconstitucionalidad para la modificación de Estatutos de Autonomía y la reforma sobre ejecución de las resoluciones del propio TC.
El PNV subraya que la introducción del recurso previo de inconstitucional en 2015 “adelantaba el papel político que se quería otorgar al Tribunal Constitucional en un momento tan delicado como el actual, con los riesgos que ello acarrea para la estabilidad del sistema, que supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional; y lo que es más grave, permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.
Esa reforma, dicen los nacionalistas vascos, “en lugar de obligar a cada uno a asumir sus respectivas obligaciones, se permite delegarlas en el Alto Tribunal, con claro infantilismo político”. La recuperación del recurso previo, insiste, “supone un apaño jurídico a aquello que la política parece incapaz de resolver”, además de incorporar “un auténtico veto político en los procedimientos de reforma de los estatutos de autonomía (todo control a priori es automáticamente un control político), no previsto constitucionalmente, que desnaturaliza el modelo que la Constitución establece y que afecta a la esencia de la función del Tribunal Constitucional”.
El PNV considera que “el debate político debe ser absolutamente libre y la legitimidad lograda tras ese debate tiene que tener cauce constitucional, sin que el TC pueda mediante un análisis de constitucional impedirlo” y que ese recurso previo “acentúa inexorablemente la politización del Tribunal”.
La otra reforma del Constitucional pretende reponer su configuración jurídica previa, ya que la introducción de esos mecanismos de ejecución de sus resoluciones “supuso un cambio sustancial del sistema político español al afectar al equilibrio entre poderes territoriales y, por lo tanto, al propio consenso constitucional logrado en 1978”, y permitió una “injerencia indebida, innecesaria y desproporcionada”.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Otra de las proposiciones del PNV es para la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal -que también requeriría mayoría absoluta, para derogar la prisión permanente revisable- por entender que “encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua”, lo cual “vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal”.
Los nacionalistas vascos insisten también en otra proposición de ley en la reforma de la norma sobre secretos oficiales para adaptarla “a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad”. Reclaman, por ejemplo, que ninguna materia pueda permanecer clasificada durante más de 25 años ni reservada más de diez, salvo en caso de prórroga “excepcional y motivada”.
Quieren, asimismo, modificar el Reglamento del Congreso de los Diputados, para asegurar el control parlamentario de los acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley, de forma que en el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno tenga que remitir un informe detallado sobre la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores.
En línea similar, otra proposición de ley busca garantizar que las Cortes Generales pueden controlar los actos y omisiones de los gobiernos incluso estando en funciones.
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