El Consejo de Ministros propondrá el nombramiento de Dolores Delgado, que era ministra de Justicia desde 2018, como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra.
La propuesta de nombramiento se someterá a informe del Consejo General del Poder Judicial y posterior examen del Congreso de los Diputados. Delgado es la tercera mujer que ocupa el cargo de fiscal general del Estado. Su paso por Justicia ha sido polémico. Experta en terrorismo como fiscal de la Audiencia Nacional durante casi un cuarto de siglo comenzó su andadura en la política con el escándalo de las grabaciones que había hecho el comisario José Manuel Villarejo.
SUS PRIMERAS PALABRAS
Dolores Delgado, aseguró este lunes que toda su vida ha trabajado por las “víctimas” y piensa seguir teniéndolas en el “horizonte” en las próximas responsabilidades que le corresponda asumir.
Delgado, que se marchó rápidamente del acto sin responder a las preguntas de la prensa tras el anuncio de que será la nueva fiscal general del Estado, reivindicó en su intervención el “servicio público” y la “responsabilidad” como principios esenciales en el ejercicio de la Justicia.
CALVO NIEGA QUE SEA UN INTENTO PARA CONTROLAR A LA FISCALÍA
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este lunes que la propuesta de nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado no esconde un interés del Ejecutivo por controlar esa institución.
«En ningún momento hemos pretendido eso», aseguró en una conversación informal con periodistas tras su toma de posesión en el Ministerio de la Presidencia de su cargo al frente del Ejecutivo.
La ‘número dos’ del Ejecutivo destacó la trayectoria de Delgado, una “fiscal de demostrado prestigio y solvencia en la Audiencia Nacional”, y restó importancia al hecho de que acabe de ser ministra. “Qué tiene que ver”, exclamó Calvo, sobre la relación de esta propuesta con la pretendida despolitización de la Justicia que siempre pregona el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cargó este lunes en el Fórum Europa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por proponer a la exministra Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado, ya que “nombrar a una persona va a estar al servicio de los intereses del partido (el PSOE)” es algo que «ataca directamente” a “la separación de poderes”.
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el Gobierno propone a Dolores Delgado como fiscal general del Estado a modo de “mando a distancia” para controlar la Justicia.
VARIAS VECES REPROBADA
El pleno del Congreso de los Diputados llegó a reprobar hasta en tres ocasiones a la ministra precisamente por el contenido de los audios con Villarejo. La última de ellas, votada en noviembre de 2018, fue impulsada por el PP y apoyada por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias salió adelante pese a la oposición de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís. ERC permitió que la iniciativa saliera adelante absteniéndose. Previamente, el Parlamento ya la había reprobado el 9 de octubre del mismo año también a instancias del PP y también fue reprobada en el Senado.
Los populares, por su parte, la acusaron de no respaldar al instructor del `procés´, Pablo Llarena, cuando fue demandado por Puigdemont y de imponer a la Abogacía del Estado la acusación por sedición a los líderes del 1-O en el juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo.
Estas presiones acabaron con la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación del Gobierno en la causa del ‘procés’, Edmundo Bal, que defendía era partidario de acusar de rebelión en línea con la Fiscalía. A finales de septiembre, el Pleno del Senado reprobó a Delgado por considerar que la titular de Justicia no había defendido al juez Pablo Llarena.
Algunas voces en el Gobierno consideraban que Delgado se equivocó al nombrar a Segarra, a la que consideran tibia a la hora tomar decisiones y le achacaban falta de dirección incluso cuando las posiciones de la Fiscalía tenían sesgos conservadores prejudiciales para el Ejecutivo. Ese fue el caso, por ejemplo, del máster de Pablo Casado, que el Tribunal Supremo decidió no investigar después de que la Fiscalía defendiera que no había datos que avalaran que lo había conseguido de manera fraudulenta.
El nombramiento de Delgado se interpreta como una corrección de esa situación y un mensaje claro de la voluntad del Ejecutivo de dar un giro progresista a la actuación de la fiscalía general del Estado.
(SERVIMEDIA)
