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Sánchez nombra a un juez con bagaje político para hacer frente a las secuelas del ‘procés’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por Juan Carlos Campos, diputado del PSOE con experencia parlamentaria, como nuevo ministro de Justicia en sustitución de Dolores Delgado, salpicada por el caso ‘Villarejo’.

Entre los retos que tendrá el nuevo ministro de Justicia estará fijar la posición de la Abogacía del Estado, dependiente de este departamento, en las causas que siguen abiertas respecto al proceso independentista en Cataluña. La primera es el juicio al exjefe de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero, que se sentará en el banquillo este mismo mes de enero.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá juzgar a los exmiembros de la Mesa del Parlamento de esta comunidad que no estaban incluidos en el sumario del ‘procés’, como sí sucedió con Carme Forcadell.

Asimismo, el juzgado 13 de Barcelona tiene abierto otro sumario por la organización del referéndum ilegal del 1-O y los costes que ellos conllevó para la Administración catalana.

Es previsible que este ministro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tenga que hacer frente a la propuesta de un nuevo fiscal general del Estado, en tanto que María José Segarra es cuestionada por los partidos independentistas catalanes. Aunque Segarra llegó al cargo el 29 de junio de 2018 y podría estar hasta cuatro años, cuando hay cambio de Gobierno el nuevo Ejecutivo tiene la potestad de proponer un relevo al frente de esta institución.

El sustituto de Delgado también deberá pilotar, junto al grupo del PSOE en el Congreso y el Senado, los procesos de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que requieren un amplio consenso parlamentario. El primero terminó su actual mandato en diciembre de 2018 y 4 de los 12 magistrados del Constitucional acabaron el suyo en noviembre pasado.

En cuanto a modificaciones legislativas, durante los pasados meses el PSOE planteó reformar la memoria histórica para castigar la apología del franquismo. Al mismo tiempo, tanto los socialistas como Podemos han situado como prioridad modificar el Código Penal para incluir el llamado ‘sólo sí es sí’ en las relaciones sexuales.

SERVIMEDIA