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2019, el primer año en el que no se aprobaron unos presupuestos

El bloqueo en el que está sumido el panorama político español en los últimos años dará lugar a que los Presupuestos Generales del Estado de 2018, elaborados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, serán las primeras cuentas públicas con vigencia en tres años distintos, mientras que 2019 quedará como el primer ejercicio desde la restauración de la democracia sin unos Presupuestos propios.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con las condiciones en las que se aplicará la prórroga de los Presupuestos vigentes en 2019, que a su vez fueron producto de la prórroga, por el mismo mecanismo, de las cuentas públicas de 2018, las últimas que fueron aprobadas por el trámite parlamentario. El Presupuesto del Estado que se prorroga para 2020 asciende a 277.933 millones de euros, que es el resultado de prorrogar el Presupuesto inicial del Estado vigente en 2019.

La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española en el que se recoge que, si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior.

Esta prórroga llega después de que en enero de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez presentara en el Congreso de los Diputados un proyecto presupuestario pactado con Unidas Podemos. Sin embargo, dicho proyecto no logró recabar los apoyos parlamentarios suficientes en el debate de totalidad, siendo rechazado y provocando que Sánchez diera por finalizada la legislatura y convocara elecciones para abril.

Los resultados de la cita electoral no se tradujeron en la formación de un nuevo Ejecutivo, por lo que los ciudadanos volvieron a ser convocados a las urnas en noviembre y, con el Gobierno en funciones desde abril, 2019 se acaba sin haber tenido unas nuevas cuentas. Si las actuales negociaciones en las que está inmerso Sánchez se traducen en una investidura, el proyecto fallido de 2019 será la base para el proyecto de 2020, pactado también con Unidas Podemos.

En cualquier caso, aunque la aprobación del techo de gasto y la presentación del proyecto presupuestario serán las primeras iniciativas que impulse el nuevo Gobierno, previsiblemente no entrarán en vigor, como pronto, antes de mayo, ya que el trámite presupuestario suele prolongarse al menos tres meses.

ANTECEDENTES

Para entonces, los Presupuestos de 2018 serán los de mayor tiempo en vigor y los únicos en funcionamiento en tres años distintos, pero este no es el único hecho que hace que las últimas cuentas de Cristóbal Montoro sean singulares, ya que, además, son los únicos Presupuestos presentados por un Gobierno y aprobados por otro.

En concreto, los PGE de 2018 fueron presentados en el Congreso en abril de ese mismo año, todavía con Mariano Rajoy como presidente, y fueron aprobados en junio, apenas semanas después de la moción de censura que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Esta situación dio lugar a que la ministra de Hacienda del Gobierno socialista, María Jesús Montero, tuviera que defender ante el Congreso y el Senado las cuentas públicas elaboradas por su antecesor.

En total, con 2020 serán ocho los años que hayan comenzado sin unos Presupuestos nuevos y teniendo que prorrogar los del ejercicio anterior, pero mientras que en 1979, 1983, 1990, 2012, 2017 y 2018 se aprobaron unas cuentas a lo largo del año, 2019 es el primero que finaliza sin tener sus propios PGE.

De esta forma, mientras que entre 1978 y 2016 se dieron cuatro prórrogas de Presupuestos, todas ellas debidas a la coincidencia de elecciones generales con el tramo final del año, desde 2017 a 2020 se habrán producido otras cuatro prórrogas, pero en su caso como consecuencia de las dificultades para conseguir mayorías parlamentarias que garantizasen la aprobación de las cuentas e incluso la formación de Gobierno.

ARTÍCULO 135.2

Sobre la posible aprobación de unos PGE en 2020, cabe destacar que en dicho ejercicio entra en vigor a plenos efectos el artículo 135.2 de la Constitución Española, hasta ahora en periodo de transitoriedad y que es producto de la reforma realizada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prohíbe que el Estado y las comunidades autónomas incurran “en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros”

De esta forma, dicho artículo pasará a tener vigencia total, por lo que, mientras que hasta ahora el incumplimiento de los objetivos y recomendaciones marcados por Bruselas no tenían consecuencias al margen del sistema de sanciones contemplado por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero dicho incumplimiento podría dar pie a que los grupos parlamentarios con más de 50 diputados (actualmente PSOE, PP y Vox) recurran los proyectos presupuestarios ante el Tribunal Constitucional, obstaculizando su aprobación.

En los últimos meses la Comisión Europea ha advertido a España sobre la necesidad de reducir su déficit estructural, ajustándolo un 0,65%, pero, basándose en el Plan Presupuestario que el Gobierno envió el pasado mes de octubre, en el que apenas se introdujeron medidas debido al estado de interinidad del Ejecutivo, desde Bruselas prevén que se incumpla dicha recomendación.

(SERVIMEDIA)