El Gobierno ha protestado ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU por el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU sobre la situación en que se encuentran los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, en una rueda de prensa junto con su homólogo libanés, Gebran Bassil, después del informe de este grupo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que afirma que las detenciones de Junqueras, Sánchez y Cuixart fueron «arbitrarias» e insta al Gobierno a su excarcelación e indemnización.
Borrell subrayó que esta semana se han producido dos acontecimientos “de naturaleza jurídica”. Uno, “muy importante”, lo protagonizó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó las tesis jurídicas de los independentistas catalanes y avaló la anulación por parte del Tribunal Constitucional del pleno del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia. Sobre esta decisión, arguyó que la ha formulado “ni más ni menos” que el TEDH y lo hace de manera “rotunda” y con una posición “extraordinariamente bien argumentada”.
Respecto del informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, lamentó que se haya pretendido correr una “cortina de humo” por parte de los medios de comunicación independentistas a quienes se les ha filtrado una “actuación de un rango y trascendencia menor” que la del TEDH, llegando a calificarla de una mera “opinión”.
“Distingan, por favor, entre una sentencia del TEDH y una opinión de un grupo de trabajo sobre Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; una la emite un tribunal y la otra, no; una es un auto y la otra es una opinión”, aseveró.
Ante el malestar que el referido informe ha causado, Borrell explicó que la Misión Española en Ginebra ha mostrado una queja de manera telefónica, primero, y luego a través de una nota verbal ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos debido a la forma en que se ha filtrado el informe y por la sospecha de que existe “connivencia” entre “quien emite la opinión y quien la comunica”.
También explicó que ha remitido una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la “opinión” emitida por el grupo de trabajo cuyo contenido no adelantó argumentando que carecía del acuse de recibo de dicha comunicación.
A su vez, adujo que se presentarán notas verbales referidas a las “circunstancias” que rodean a ese grupo, “que nos inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían formar parte” del mismo.
Dejó claro que el Gobierno apoya los procedimientos especiales de la ONU “de forma totalmente leal”, lo que le impele a considerar que es “especialmente importante” que se doten de mecanismos de financiación “transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control que garantice que nunca puedan ser objeto de manipulación”.
Por ello, dijo que España siempre estará dispuesto a apoyar el refuerzo y mejora de esta “parte esencial” de la organización de la ONU. Reiteró la importancia de “no poner al mismo nivel” la sentencia del TEDH y una “opinión de un grupo de trabajo” de la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos. “Son dos ligas de diferente magnitud y trascendencia”, dijo.
Por último, comentó que el Gobierno no quiere dar a esta cuestión una trascendencia que supere a la de la sentencia del TEDH, “porque haríamos el juego a quienes quieren correr una cortina de humano para que sólo se hable de esto”.
CONSEJO DE MINISTROS
Previamente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dos de los cinco miembros del grupo del grupo de trabajo, el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y el surcoreano Seong-Phil Hong, han tenido «estrechas relaciones» con Ben Emmerson, uno de los letrados de los dirigentes independentistas, y que, por tanto, debería haberse abstenido en esta cuestión.
Atendiendo a estos hechos, expuso que el Gobierno ha solicitado “la revisión de la opinión de este grupo, por los errores y distorsiones que contiene”. Celaá lamentó que «parecen desconocer el delito por el cual están inculpados las personas en este proceso judicial» y también «desconocen la separación de poderes» y pueden provocar una «interferencia clara» sobre este proceso.
También se quejó de que no se respetara el embargo de 48 horas antes de comunicar el informe a la parte denunciante. A su vez, juzgó como un “despropósito” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, haya reclamado la libertad de los encausados por el ‘procés’ haciéndose eco de este informe.
