La secretaria general de Educación cifra en 268.000 euros los daños causados en los centros de votación el 1-O

La secretaria general de la consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña, Nuria Cuenca, declaró este lunes como testigo ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’, donde aseguró que los daños ocasionados en los centros de votación durante el 1-O ascienden a 280.000 euros. “Coincide que se producen donde hubo una actuación policial, pero tampoco sé si fueron directamente de la policía”, afirmó.

Cuenca, en el cargo desde el 2 de junio de 2018, explicó que en los centros educativos públicos es habitual que se realicen actividades en horario no lectivo. De hecho, subrayó, “la ley de educación de Cataluña promueve la realización de este tipo de actividades en los centros de educación pública”.

Sobre este asunto, indicó, para utilizar un centro “lo pueden pedir personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, no se establece ninguna relación contractual. En función de la actividad y las condiciones se autoriza o deniega y puede haber una contraprestación económica, siempre y cuando la actividad pueda suponer gastos para la administración, por lo que pueden establecerse tarifas para compensar estos gastos”.

En concreto, sobre el 1-O destacó que no conocía el número de centros que se utilizaron, porque no ocupaba el cargo en aquel momento, pero, continuó, “los daños ocasionados se valoraron en 268.000 euros”. En este sentido, concretó, tras ser preguntada por el letrado Francesc Homs si se trataban de daños derivados de la actuación policial, que “se valoraron todos los daños causados durante la jornada, coincide que donde hubo una actuación policial, pero tampoco sé si fueron directamente de la policía”, afirmó. Además, a preguntas de las acusaciones, apuntó que estos daños no fueron imputados o reclamados a quienes impidieron la entrada en los centros policiales.

Asimismo, aclaró que la consejería no podía conocer las distintas peticiones que se hicieron para hacer actividades en los centros educativos. “Es difícil que lo supiera porque la autorización si son institutos la hacen los directores del centro y tampoco es pertinente o necesario que hagan ninguna comunicación al departamento”.