El Partido Popular recurrió este jueves al Tribunal Constitucional el real decreto-ley del Gobierno sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres y el de alquiler al entender que carecen de “urgencia real” que exige la Constitución española.
Según el PP, estos decretos no tienen “el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad” que exige el artículo 86 de la Carta Magna y responden a la “política electoralista” del Gobierno de Pedro Sánchez.
El líder del PP, Pablo Casado, ya anunció esta mañana que se recurrirá al Constitucional porque los “miles de millones en medidas electoralistas” de estos decretos están poniendo en riesgo la recuperación económica y metiendo a España en una tercera recesión.
Casado lamentó que el Ejecutivo “rogara” ayer en la Diputación Permanente el apoyo de los “proetarras”, en referencia a EH Bildu, para sacer adelante los “decretos abertzales”. “Es la primera vez en cuarenta años que el mundo abertzale presume de ser socio clave para el Gobierno de España”, sentenció.
En el recurso al real decreto-ley sobre igual de trato, el PP no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, pero critica que el Ejecutivo lo haga por la vía de urgencia en lugar del procedimiento legislativo correspondiente.
CONCILIACIÓN
“No quiere decirse que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que en este caso que ahora se impugna, no se ha justificado el uso del real decreto-ley como instrumento normativo por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad”, argumentan.
El PP destaca que en la motivación de este decreto no se aborda aborda la realidad existente, incurriendo incluso “en imprecisiones y falsedades”. Concretamente, el PP señala que las afirmaciones de la exposición de motivos “o son genéricas y sin asidero en datos, o son directamente falsas, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años”.
El PP toma los datos de Eurostat para mostrar “el acusado descenso de la brecha salarial (diferencia de salarios hombre-mujer) en España y cómo se sitúa en 2016 en 15.1 % en España, mientras que en Europa en esa misma fecha la media es de 16.3%”. Por tanto, aducen en el PP, “nos encontramos por debajo de la media europea y con una evolución positiva a la que aludiremos también con posterioridad”.
El partido de Pablo Casado insiste, por tanto, en que la “afirmación vertida en la exposición de motivos sobre la brecha salarial es falsa, dado que esta se ha visto reducida drásticamente, vistos los datos de Eurostat”.
VIVIENDA
En el caso del real decreto-ley de vivienda y alquiler, el Grupo Popular denuncia en su recurso que el Gobierno, en la exposición de motivos, pretende aportar unas cifras que supuestamente justifican la situación de extraordinaria y urgente necesidad de la norma, cuando “la mera cita de porcentajes descontextualizados y la realización categórica de afirmaciones sin verdadera base estadística no puede esgrimirse en fundamento del presupuesto habilitante, sino que las razones o motivos han de ser reales”.
En su recurso, el PP sostiene que las afirmaciones de la exposición de motivos aportadas por el Gobierno como justificación de una extraordinaria y urgente necesidad de la norma son “o bien falsas” (caso de la afirmación de la intensa subida de precios en varias provincias), “o parciales e incompletas que conducen a error y no muestran la realidad completa e inexistente” (caso del número de lanzamientos de arrendatarios o de la tasa de esfuerzo de la persona o familia en alquiler).
“FÓRMULAS HUECAS Y VACÍAS”
Por tanto, ha de concluirse, según el PP, que “la exposición de motivos ha usado fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas, que no pueden sustentar la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación conforme a Derecho de un real decreto-ley para abordar el tema de fondo del mismo”.
Por último, el PP señala que el decreto sobre vivienda no respeta diversas exigencias constitucionales, como la de hacer una presentación explícita y razonada, o tener una necesaria conexión entre la situación de urgencia extraordinaria, justificada y definida por el Gobierno y la medida concreta que este adopta para solventar la misma.
