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Navarra no prevé ninguna medida como la del Gobierno central sobre desinformación

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral no se plantea poner en marcha ningún procedimiento de actuación contra la desinformación como el previsto por el Gobierno de España.

Según ha señalado Remírez en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, “el Gobierno de Navarra no piensa tomar ninguna medida más allá de seguir a través de su servicio de comunicación y su gabinete de prensa garantizando el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, o lo que es lo mismo, una información cierta, contrastable, auténtica y real, que es lo que venimos haciendo y hemos hecho durante la pandemia”.

El consejero ha añadido que “así lo entiende la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra, que a lo largo de estos meses ha confiado en el rigor de nuestras fuentes oficiales, como queda patente en el incremento de las visitas de las noticias publicadas en la página web de navarra.es”.

Además, ha señalado que “en el último mes la media de visitas diarias a los datos Covid que ofrece el Gobierno de Navarra es de 3.160, por encima de las alrededor de 600 consultas al inicio del confinamiento”.

Javier Remírez ha asegurado que el Gobierno de Navarra “es garante de la comunicación, de la libertad de la comunicación, para que los profesionales en Navarra, independientemente de la línea editorial de cada medio pueda informar con libertad, cosa que no pasa cuando el PP gobierna a nivel de Gobierno de España o de algunas comunidades autónomas”.

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha sido muy crítico con el procedimiento contra la desinformación anunciado por el Gobierno de Navarra. “No discutimos el riesgo cierto de la desinformación producida por potencias extranjeras, como así nos han alertado desde la Comisión Europea, pero sí cuestionamos el procedimiento de actuación que ha establecido el Gobierno de España”, ha dicho, señalando que, según ese procedimiento, las Comunidades Autónomas serían “parte activa para perseguir la desinformación”.

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