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España defiende la abolición de la pena de muerte como “imperativo moral”

España ha defendido este martes que la “abolición de la pena de muerte es un asunto de voluntad política”, siendo su lucha un “imperativo moral” que debe ser encauzado por el Estado de Derecho.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach Figueras, quien ha participado en un acto público virtual en conmemoración del décimo aniversario de la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICDP, en sus siglas en inglés).

Se trata de un organismo nacido en octubre de 2010 a iniciativa de España con el propósito de seguir avanzado en la abolición de la pena de muerte. Está formado por 22 comisarios con experiencias profesionales de renombre y procedencias geográficas diversas.

En este acto conmemorativo, han participado además tanto miembros de la Comisión así como un gran número de los países que integran el grupo de apoyo a la ICDP, formado por 23 Estados miembros y presidido por España.

A lo largo de los últimos 25 años se ha producido un avance notable hacia la plena abolición de la pena de muerte. El número de países que la usan ha descendido de 40 a 20. En la actualidad, 148 Estados –dos tercios de la comunidad internacional– la han abolido por ley o en la práctica y 56 Estados la mantienen, habiendo recurrido a ella en estos últimos tres años un total de 22 países.

Cuatro de los comisarios abolieron la pena de muerte en Filipinas, Mongolia, Francia y Nuevo México, cuando ocupaban puestos de responsabilidad política en sus respectivos países.

La actividad de la ICDP se centra en países donde aún se ejecuta o donde, aunque no se ejecute, no se ha aprobado la abolición por ley. En estos países, los comisarios realizan gestiones discretas ante sus Gobiernos siguiendo un enfoque gradual, instándoles a adoptar soluciones concretas y asesorándoles en su forma y presentación.

Madrid ostenta la sede de este organismo desde 2014, y contribuye anualmente con más de 100.000 euros y la red de Embajadas ofrece además un apoyo logístico clave en el desarrollo de las misiones de los comisarios.

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