El senador de ERC Xavier Castellana ha reclamado este jueves al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que frente a los «ultras fanáticos» de la Guardia Civil en operaciones como la reciente con detenciones de empresarios por desviar fondos para el ‘procés’ al sostener que estos arrestos son «castigos para criminalizar al adversario» dentro de una «agenda política para imposibilitar el diálogo».
Aprovechando la comparecencia en el Senado del ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Castellana ha lanzado una dura crítica a la investigación de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
Rafael Pérez le ha dicho que la operación se bautizó como Voloh, y no Volhov, negando cualquier referencia a la División Azul y a una batalla del ejército nazi, algo que habría sido «inadecuado». Acto seguido ha insistido, como ha hecho Interior estos días, que es una operación judicializada y que no puede opinar sobre la misma. También ha pedido que se respete a la Guardia Civil como «un Cuerpo de todos» al que apoya porque actúa «dentro de la legalidad y con exigencias éticas».
VINCULA A LOS AGENTES CON EL FASCISMO
Xavier Castellana antes le había pedido que desde su «lugar estratégico en el organigrama» del Ministerio del Interior «purgara y eliminara los elementos que utilizan la agenda política contraria a la democracia para imposibilitar el diálogo». «Quieren dinamitar la convivencia», ha enfatizado.
Admitiendo que hay agentes ejemplares, Castellana se ha referido a los que lanzan operaciones que afectan a partidos independentistas, a los que ha vinculado con el fascismo. «Tienen una idea muy peculiar de eso que llaman España o unidad nacional», ha comentado, antes de añadir que estos funcionarios tienen «sueños húmedos» en los que querrían ver «dos metros bajo el suelo» a todo el que no comparte su idea de España.
Sobre la operación Voloh, el senador independentista ha dicho que registraron viviendas donde «una familia desayunaba» con el objetivo de buscar información que se podía obtener por el portal de transparencia de la Generalitat, además de apurar el máximo de 72 horas de detención «cuando las comprobaciones no superaron las 24 horas».
«Se saltan el protocolo que prohíbe detenciones como castigo y recogen infinidad de datos privados que no tienen que ver nada con la causa. Cualquier policía estaría obligada a destruirlo, pero lo incorporan para hacer espionaje político», se ha quejado.
«Desvían recursos de la seguridad para la destrucción de un adversario político», ha continuado el senador de ERC, que también se ha quejado de que estos agentes de la Guardia Civil «maquinan y fabular compadreando con el Poder Judicial y algunos medios de comunicación». Es más, le ha pedido al secretario de Estado que combatan este tipo de operaciones dentro de la estrategia de «lucha contra la desinformación».
