La Comisión Europea ha reiterado este martes que va a observar «con atención» el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), días después de advertir de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el órgano de gobierno de los jueces sea percibido como «vulnerable a la politización».
«No ha habido muchos cambios en los últimos días: Dejamos clara nuestra posición respecto a la propuesta y seguimos de cerca su desarrollo», ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christina Wigand, que ha retomado así la línea expresada el pasado jueves.
Desde entonces, ha añadido el portavoz, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha contactado con los servicios de la Comisión Europea ni nadie del Ejecutivo comunitario se ha dirigido a Madrid para ahondar en este asunto, aunque de manera general los contactos entre Bruselas y las capitales son frecuentes.
La primera advertencia de la Comisión Europea coincidió el pasado jueves con la llegada del presidente del Gobierno a Bruselas para asistir a una cumbre de líderes de la UE, tras la cual Sánchez restó gravedad al aviso y subrayó que semanas antes la propia Comisión recogía en un informe la necesidad de renovar el CGPJ.
Ese mismo día también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, viajó a Bruselas para asistir a una reunión previa de líderes de la familia conservadora europea y aprovechó entonces para verse con la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
Casado también fue recibido por el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, a petición de político ‘popular’, que quiso discutir con el comisario sobre la reforma del CGPJ y pedir al Ejecutivo de Von der Leyen que actuara. Casado también remitió una carta firmada con la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la misma línea.
El informe de la Comisión , en el que se evaluó el Estado de derecho en los Estados miembro, apuntaba en el caso de España que la renovación del CGPJ constituye un «desafío» y advertía de que este órgano no debía ser percibido como «vulnerable a la politización».
El documento recalcaba asimismo la importancia de «reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre la judicatura para reforzar la independencia judicial». «Los Estados miembro deben seguir los estándares de la Unión Europea para asegurar que no se compromete la independencia judicial», apuntó entonces el portavoz comunitario en declaraciones a Europa Press.
