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El PP denuncia que Sánchez no acuda al Congreso para solicitar la prórroga del estado de alarma

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión y ha cargado contra Sánchez por “escudarse” en el titular de Sanidad ante la aplicación de un “instrumento de excepcionalidad constitucional”.

“No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses”, ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve “justificación alguna” a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno “es el máximo responsable de la acción política” y afecta a “limitaciones de las libertades públicas”.

Gamarra ha recalcado además que recurrir de nuevo a esta medida excepcional evidencia “el fracaso” del Gobierno tanto en la “política sanitaria” como “legislativa” por “no haber aprovechado el tiempo” aprobado estos meses pasados un marco jurídico para evitar recurrir a esta medida excepcional.

CONDICIONES DE PROPORCIONALIDAD Y CONTROL PARLAMENTARIO

La portavoz del Grupo Popular ha subrayado que un estado de alarma debe tener en cuenta la proporcionalidad y el control parlamentario, y ha señalado que no se trata de “condiciones caprichosas” sino que son condiciones “constitucionales” que además defendía la propia Comisión Europea. “Para nosotros, seis meses de estado de alarma es absolutamente desproporcionado”, ha apostillado.

En este sentido, Gamarra ha defendido la propuesta del líder de su partido, Pablo Casado, de limitar la prórroga a ocho semanas, garantizando el control parlamentario. En esos dos meses, ha proseguido, hay tiempo para tramitar una modificación legal y poder acogerse más adelante a la legislación ordinaria y no al estado de alarma.

La dirigente del PP ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó en agosto una modificación de la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública que puede ser ya debatida en el Pleno del Congreso y tramitarse.

“ESTAMOS ABIERTOS A ESA NEGOCIACIÓN”

Al ser preguntada si el PP ya mantiene algún tipo de negociación con el Gobierno, Gamarra ha señalado que la propuesta del PP tiene “tanta lógica y sensatez” que, a su juicio, no cabe en su planteamiento que “no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno”.

“Estamos abiertos a esa negociación si así lo consideran los grupos que sustentan el Gobierno”, ha declarado, para confirmar que en este momento aún no han entablado conversaciones. “Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar”, ha apostillado.

Eso sí, Gamarra ha indicado que el plazo de ocho semanas es “lo suficientemente amplio y flexible”. “Por tanto, entendemos que no es objeto de negociación por la flexibilidad que ya de partida tiene”, ha manifestado.

SI EL GOBIERNO NO ACEPTA, PLANTEARÁN ENMIENDAS

En cuanto a si el PP podría votar “no” al estado de alarma si al final no hay un acuerdo con el Gobierno, ha señalado que si el Gobierno no asume la propuesta presentada por Casado, el Grupo Popular lo plantearía vía enmiendas.

Eso sí, ha dicho que la propuesta que su partido ha puesto encima de la mesa tiene “tanta sensatez que el rechazo no debiera estar en la hoja de ruta del Gobierno”. Ahora, ha proseguido, el PP está aún en la fase de la negociación y no han reflexionado sobre cuál puede ser la posición de su partido en caso de que no haya acuerdo.

“Está clara cuál es nuestra posición, que es un máximo de ocho semanas para durante ese periodo de legisle porque esta Cámara no puede estar amordazada sino que tiene una responsabilidad y el Gobierno la tenía que haber activado para que hoy España tuviera legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia”, ha concluido.

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