La banca señaló este martes que fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) “preserva la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento del mercado”.
Se trata de la primera reacción de la industria “a la espera de la sentencia definitiva” y formulada en un comunicado común rubricado por las tres patronales del sector: la de los bancos AEB, la de las antiguas cajas de ahorros CECA y la de las cooperativas de crédito y rurales Unacc.
Las patronales bancarias subrayan que el Alto Tribunal confirma además que el cliente abonará el tributo «como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo a la normativa vigente durante más de 20 años». «Esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno», agregan en el comunicado, en alusión a países como Francia, Portugal o Italia donde también el cliente asume dicha fiscalidad.
Este tipo de pronunciamiento conjunto lo han utilizado las entidades en los últimos años en situaciones excepcionales para fijar una posición unívoca, como la que han venido mostrando estos últimos días con los pronunciamientos de los máximos ejecutivos del sector aunque fuesen en declaraciones individuales.
Entienden que el fallo del Alto Tribunal preserva esa “seguridad jurídica” que demandaban los banqueros al dejar inalterada la situación que regía desde los años 80 y según se afanaron en recordar los ejecutivos ante el cambio de jurisprudencia que se dibujaba con la sentencia del pasado 16 de octubre, que eximía del tributo al ciudadano, y que ha resultado finalmente orillada.
Dicho fallo provocó que la banca al reclamase casi con una sola voz “seguridad jurídica” y descartase cargar con la devolución de los impuestos pagados en los últimos años porque no fueron a sus arcas sino a las de las comunidades autónomas.
«No se puede castigar al que cumple la ley», defendió el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, y como él, con palabras parecidas, también sus homólogos en el Santander, José Antonio Álvarez; en Caixabank, Gonzalo Gortázar; en Bankia, José Sevilla, o en Bankinter, María Dolores Dancausa, junto al presidente de la patronal AEB, José María Roldán.
Hasta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernandez de Cos, entró de lleno en la polémica durante una intervención en el Congreso reclamando «seguridad jurídica» para el mercado hipotecario, que permite al ciudadano adquirir vivienda y es uno de las actividades principales de la banca.
Los banqueros urgieron al Supremo claridad en su pronunciamiento para todos -banca, clientes, administraciones tributarias y hasta instancias judiciales- ya que se trata de un mercado donde las operaciones se conceden a plazos largos, de 20-25 años, y donde cualquier cambio de regla puede afectar al plazo o precio.
No en vano, alguno sugirió la posibilidad de que atribuir al banco el pago del tributo encareciese las hipotecas porque añade costes a su fabricación. Moody’s cifró el extracoste potencial en 640 millones anuales, y el Ministerio de Hacienda en 5.000 millones si había que proceder a su reintegro con una retroactividad de cuatro años.
