La oficina del Defensor del Pueblo considera que todos los centros de internamiento de menores infractores de España deben abolir las sujeciones mecánicas como medio de contención por ser una «crueldad innecesaria», por lo que el Ministerio de Justicia tiene que actuar en este sentido.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó este martes en el Congreso de los Diputados y el Senado el último informe anual que realiza esta institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
Así, el Defensor del Pueblo inspeccionó el año pasado 106 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. Un total de 47 de esas visitas fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se formularon 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales.
Durante el año pasado, 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia, según informó el Defensor.
MENORES
El MNP tiene registrados 71 centros para menores infractores en toda España. El año pasado realizó 10 visitas y todas menos una fueron a centros que se inspeccionaban por primera vez. De ellas se han derivado 290 conclusiones, que han generado una recomendación, 139 sugerencias y seis recordatorios de deberes legales.
Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una sujeción mecánica en uno de estos centros. En 2019, la institución siguió prestando una especial atención al desarrollo de este tipo de prácticas durante las inspecciones realizadas. Además, pidió información a las comunidades autónomas sobre este asunto.
Ya en 2020 y con la información recopilada, la experiencia acumulada en años de visitas a este tipo de lugares y tras inspeccionar de nuevo el centro ‘Tierras de Oria’ (Almería), donde se produjo el último fallecimiento, Fernández Marugán ha formulado una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de toda España.
En este sentido, ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención. El Defensor se ha mostrado contundente con este tipo de prácticas que en su opinión son de una “crueldad innecesaria”. Así, ha concluido que “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”.
CENTROS PENITENCIARIOS
Por otra parte, el MNP visitó el año pasado 16 centros penitenciarios, entre ellos el Centro de Inserción Social ‘Mercedes Pinto’ y el Centre Obert de Barcelona, así como la unidad de custodia hospitalaria del Hospital ‘Punta de Europa’ de Algeciras y el Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa.
En total, se alcanzaron 409 conclusiones sintetizadas en 20 recomendaciones, 10 recordatorios de deberes legales y 158 sugerencias. El Defensor valora que varias de sus resoluciones hayan sido acogidas favorablemente por la administración penitenciaria plasmándolas en circulares, instrucciones u órdenes de servicio.
Las cuestiones que han centrado la actividad del MNP en el ámbito penitenciario han sido la supervisión del empleo de sujeciones mecánicas y el control y uso de otros medios coercitivos; el seguimiento del proceso de regulación del uso de los sistemas de videovigilancia y su mejora; el régimen disciplinario; la eficacia de las investigaciones de malos tratos, y la presunción de inocencia de los empleados públicos.
Además, ha seguido interesándose por las reivindicaciones y problemas del personal penitenciario para desarrollar su labor. Fernández Marugán ha abogado ante la Administración por el diálogo para abordar y solucionar sus problemas. En su opinión, los funcionarios de prisiones prestan un servicio esencial.
En 2019 se prestó especial atención al ejercicio de la potestad disciplinaria para corregir a los internos. Para el Defensor, «un alto nivel de sanciones puede deteriorar la convivencia entre los internos y las personas que trabajan en el centro». Por ello, ha formulado una recomendación para que se implante un plan estratégico de reducción de expedientes sancionadores en el que se incluyan medidas alternativas a las correccionales para la resolución de conflictos.
En lo relativo a los Centros de Inserción Social (CIS), el Defensor recuerda que el sistema de semilibertad se caracteriza por ser un régimen de confianza en la persona que cumple condena. Por ello, no comparte la prohibición absoluta del uso de teléfonos móviles en estos lugares, por lo que recomienda que estas personas puedan hacer uso de estos dispositivos con las medidas de seguridad necesarias porque puede ser favorable para su reinserción; por ejemplo, puede permitirles gestionar ofertas de trabajo de cara a normalizar su vida.
GÉNERO Y SALUD MENTAL
El Defensor del Pueblo continuó en 2019 con el proyecto iniciado en años anteriores de realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género. Los centros de Madrid I (mujeres), Las Palmas y Las Palmas II fueron inspeccionados atendiendo específicamente a la situación de las mujeres privadas de libertad y ha formulado nueve recomendaciones.
Así, se han pedido mejoras para atender a las mujeres víctimas de violencia de género para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos de mujeres privadas de libertad o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.
Por otro lado, el MNP ha realizado cinco visitas (dos unidades de agudo y tres centros de estancia prolongada) a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, en todos los casos se trataba de la primera visita. Se han alcanzado 110 conclusiones que han dado lugar a ocho recomendaciones y 17 sugerencias.
En relación al uso de contenciones mecánicas, la institución insiste en la necesidad de establecer un marco regulatorio que opere como garantía, dotado de sistemas de supervisión y control que actúen desde el momento de la indicación, durante su desarrollo, y hasta la posible comunicación al juzgado correspondiente.
Además, reitera que las contenciones han de aplicarse sólo cuando hubieran fracasado otras medidas terapéuticas menos invasivas, por el tiempo estrictamente necesario y siempre de forma proporcional, garantizando el bienestar de la persona y con las precauciones necesarias para causarle el mínimo daño. Así, señala que “el principio básico de actuación en materia de contenciones, para todos los centros sanitarios y asistenciales, consiste en avanzar hacia la progresiva disminución e incluso eliminación de estas prácticas”.
Por otra parte, la institución ha detectado que en los centros de salud mental visitados no existía un modelo común de parte de lesiones. Por este motivo, recomienda que los centros sociosanitarios de salud mental cuenten con modelos homologados de partes de lesiones ajustados a la normativa vigente y al informe del Defensor sobre partes de lesiones.
EXTRANJEROS
En 2019, el MNP visitó los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras, Barcelona, Tenerife y Valencia. En el informe de 2017, el Defensor formuló una serie de propuestas acerca de estos centros abogando por una reforma integral.
Un total de 3.758 personas fueron internadas el año pasado en los CIE. En estos centros se presentaron 2.164 solicitudes de protección internacional, frente a las 1.776 del año anterior. A pesar de este incremento, disminuyó el número total de admisiones a trámite con respecto al año anterior, en un 39,96%. En los CIE se identificó como menores extranjeros no acompañados a 54 internos.
La institución ha reiterado que el uso de medidas coercitivas en este tipo de dependencias debe mejorar tanto desde el punto de vista de su regulación normativa como desde el punto de vista de su implementación práctica.
El Defensor también ha mostrado especial interés por el uso de la separación preventiva y su concreta aplicación en los CIE visitados. Así, apunta que se ha observado un uso relativamente frecuente de la separación preventiva, tanto por circunstancias regimentales (como pieza de contención personal) como por razones médicas o de prevención de suicidios. Además, señala que en algunas inspecciones se ha detectado la utilización indistinta de esas habitaciones para ese doble uso, lo que a juicio de la institución resulta “inadecuado”.
(SERVIMEDIA)
