Varios trabajadores relacionados con la atención y acogida a migrantes indicaron a Unicef que en las fronteras de Ceuta y Melilla se producen devoluciones automáticas de menores no acompañados, aunque «son muy difíciles de documentar».
Así se recoge en el informe ‘Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española’, publicado este miércoles por el Comité Español de Unicef, que incluye testimonios de menores que viven en centros de acogida de las ciudades autónomas y Andalucía; menores en situación de calle, policías, entidades autonómicas de tutela, autoridades estatales en los ámbitos de infancia y migración, personal de los centros, fiscales, jueces, Defensorías del Pueblo, ONG y agencias de Naciones Unidas.
Unicef destaca que España se ha convertido en la primera puerta a Europa de personas migrantes, con más de 65.300 llegadas en 2018. De estas personas, 6.063 son niños no acompañados que han llegado por mar. Durante los últimos dos años, el ingreso de niños y niñas migrantes no acompañados por la frontera sur española se ha incrementado en más del 150% y, según datos del Ministerio del Interior, se ha duplicado el número de niños inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, hasta los 13.012 a finales de 2018.
El trabajo alerta de que cada vez son más los menores migrantes no acompañados que abandonan los centros de acogida, «solos o de la mano de traficantes y mafias».
Según los propios entrevistados, lo hacen porque «nadie les dice si van a conseguir los papeles antes de cumplir 18 años», porque «no aguantan seguir viviendo hacinados», porque «tienen familiares en otros lugares o quieren ir a la península y no pueden (se han quedado atascados en Ceuta o Melilla)», o porque «se pasan los días sin hacer nada, sin estudiar». La investigación también señala que hay niñas víctimas de trata que salen de los centros sin haber sido identificadas como tales y que, sobre todo en los centros más saturados, el sistema empuja a estos niños a una mayor vulnerabilidad.
«En lugar de encontrarse en un entorno protector, un hogar, donde se garantizan sus derechos», los menores que ingresan en estos centros «comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables», resalta el informe.
«Una cadena de retrasos administrativos, la falta de recursos, los procedimientos inadecuados, la descoordinación entre administraciones y la escasa supervisión terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro», agrega.
FALTA DE MEDIOS
Según Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef Comité Español, “casi todo el mundo alega razones entendibles para explicar lo que está pasando, porque en general se está trabajando con muy pocos recursos. Pero al tratarse de niños, hay soluciones que no admiten un día más de retraso».
«Hemos estado con niños que no pudieron comunicarse con nadie durante días por la falta de intérpretes, ni tan siquiera para decir a su familia que seguían vivos”, dijo, y señaló que «muchos niños que hemos conocido tienen un alto grado de frustración y la salud mental de algunos cada vez está más afectada».
El informe comparte las recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, que denunció que en España faltan herramientas y procedimientos para determinar correctamente cuál es el interés superior de cada menor.
También critica los fallos en los procesos de asilo; la ausencia de prácticas fiables en la determinación de la edad (ahora mismo se basa solo en pruebas oseométricas, con un margen de error de hasta cuatro años); las devoluciones en caliente, o la falta de mecanismos de queja en los centros de protección.
Además, la investigación destaca que «en la práctica» hay «una ausencia de abogados y una gran saturación en los centros», que son atendidos por «personal insuficiente y no especializado». Por otro lado, lamenta la falta de personal especializado en infancia (abogados, psicólógos, mediadores) durante las operaciones de salvamento; los retrasos en los procesos de derivación, que hacen que los menores deban convivir con adultos hasta que se resuelve su situación, y la separación de niños y adultos de referencia que no pueden acreditar su parentesco.
Con todo, sostiene que en España «existe voluntad política para prestar una protección adecuada y efectiva a los niños y niñas no acompañados», como demuestran la adopción de herramientas normativas, programáticas y operativas actualmente en proceso de discusión o implementación.
MÁS COORDINACIÓN
Por todo esto, Unicef hizo un llamamiento a todos los partidos políticos para contribuir a la adopción de un Plan Nacional de Acción que cuente con apoyo político y presupuestario a nivel estatal y autonómico a largo plazo.
Propone que este plan garantice una protección efectiva e integral y la plena integración social de los niños y niñas migrantes no acompañados, conforme a los compromisos internacionales.
En su opinión, el plan debe incluir un Mecanismo Nacional de Derivación que garantice una respuesta coordinada en todo el territorio y un reparto de responsabilidades más equilibrado entre las distintas comunidades o ciudades autónomas a través de un protocolo de traslados basado en el interés superior del niño.
