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El Gobierno aprueba el plan para parados de larga duración… y los sindicatos dudan de su eficacia

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el plan para prevenir y reducir el paro de larga duración, denominado ‘Plan Reincorpora-t’ para el periodo 2019-2021, con el objetivo de reducir el paro de larga duración en 541.000 personas y situar la tasa en el 4,3% en tres años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, defendió este plan “ambicioso”, con 63 medidas, algunas de ellas ya puestas en marcha.

Según informó el Ministerio en una nota, el plan se justifica por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018, que casi triplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.

Uno de los objetivos del ‘Plan Reincorpora-t’ es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos porcentuales, hasta el 4,3% al término de 2021, lo que supondría una reducción neta de 541.000 personas, 422.100 son desempleadas de larga duración mayores de 30 años.

Otro de los objetivos es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde 11,6% actual hasta el 5,3%. Esto supondría una bajada del paro de larga duración en 259.700 mujeres y 162.800 hombres.

Asimismo, se propone rebajar el número de desempleados con más de 24 meses en paro en 361.819 personas desempleadas.

El plan ha contado con las aportaciones de otros ministerios, de las comunidades autónomas, sindicatos y patronal y entidades sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Cuenta con un presupuesto total para el trienio de 4.000 millones de euros, de los que 1.313 millones proceden de políticas activas de empleo y es dinero ya presupuestado que se reorientará a los objetivos de este plan, y los 2.687 millones restantes proceden del presupuesto de medidas ya aprobadas como la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o la recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales.

El plan distribuye las medidas en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Entre otras medidas, prevé acordar la inclusión de cláusulas de carácter social en los contratos del sector público, acciones preventivas para que el desempleo no se convierta en desempleo de larga duración, un registro de empresas responsables y que la red de 3.000 orientadores prevista en el plan de choque juvenil atienda a los parados de larga duración.

Se articulará un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas que contraten y mantengan de forma estable (más de un año continuado de trabajo) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.

También se atenderá el desempleo en el medio rural de manera específica potenciando el fomento del emprendimiento, se incentivarán proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático y se estudiarán medidas de incentivo a la incorporación de trabajadores jóvenes y mujeres en el sector agropecuario y artesanal.

Preguntada sobre la opinión de los sindicatos CCOO y UGT, que mostraron sus dudas respecto a este plan, la ministra respondió que “lo peor son los lunes al sol” y defendió que habrá un seguimiento sobre la efectividad de las medidas, con la posibilidad de rediseñarlo si fuera necesario.

DUDAS DE LOS SINDICATOS

UGT y CCOO consideran que el plan de reinserción laboral de parados de larga duración aprobado este viernes por el Gobierno “se encamina en la dirección correcta”, pero dudan de la eficacia y posibilidad de llevar a cabo de algunos de sus objetivos.

Los sindicatos lamenta en un comunicado que una parte importante de las medidas no son vinculantes, sino recomendaciones, y la ejecución y aplicación de las medidas dependerá de las administraciones competentes, de su buen hacer y de su compromiso, “lo cual no garantiza la igualdad de trato por parte de las políticas de Empleo y la correspondiente igualdad de oportunidades a los desempleados de larga duración independientemente del lugar de residencia”.

CCOO y UGT también advierten de que las actuaciones preventivas sobre la precariedad que se plantean en este plan están fuera del ámbito de actuación de las políticas activas de empleo y solo se pueden abordar con una reforma laboral.

En cuanto a la dotación presupuestaria del plan, esta se deriva de la asignación (sobre el papel) de los fondos ya establecidos en los actuales Programas de las Políticas Activas de Empleo a una estimación de su teórica aplicación a las personas paradas de larga duración. Esta técnica, según CCOO y UGT, no asegura la disposición de medios específicos para las actuaciones del plan, por lo que las centrales mayoritarias plantean la necesidad de realizar la reserva de crédito que garantice los recursos que se van a destinar al plan y a cada una de sus actuaciones (tanto en el nivel estatal como en cada una de las CCAA), además de un compromiso de aumentarlos en los siguientes Presupuestos Generales del Estado hasta el nivel necesario para poder dar una respuesta eficaz al problema.

Para CCOO y UGT, el plan no debería haberse diseñado con tanta precipitación, “y una mayor implicación de los interlocutores sociales en la elaboración del plan hubiera podido resolver desde su inicio los problemas señalados”.

“En suma, UGT y CCOO consideramos que el plan es un buen comienzo, pero que necesita mucho trabajo para que se pueda considerar una herramienta a la altura de las necesidades y de la gravedad del problema, y que responda adecuada y eficazmente a todas las dimensiones del mismo”, agrega el comunicado.

(SERVIMEDIA)

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