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Este viernes comienza la cuenta atrás de un mes para evitar la repetición de las elecciones generales, algo que sucederá si antes del 23 de septiembre no se alcanza un acuerdo que permita lograr una investidura que ponga fin al bloqueo político surgido tras los comicios del pasado 28 de abril. Si no hay solución en las próximas cuatro semanas, los españoles serán llamados de nuevo a las urnas el 10 de noviembre.

La investidura fallida de Pedro Sánchez en julio pasado activó un periodo de tiempo de dos meses para aglutinar los apoyos suficientes que le permitieran seguir en La Moncloa, ya que, de lo contrario, se disolverán las Cortes.

El artículo 99 de la Constitución establece que “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso”.

Así pues, el 23 de julio (fecha de la primera votación de investidura) se puso en marcha el reloj, que se parará el próximo 23 de septiembre, siempre y cuando antes no se conforme una mayoría suficiente que garantice la investidura.

Este artículo constitucional se coló en el debate de la investidura fallida de Sánchez, ya que en una de sus intervenciones lanzó una oferta de pacto de Estado para reformarlo con el objetivo de que “nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país”.

CAMPAÑA MÁS CORTA

Si llegada la fecha límite -23 de septiembre- ningún candidato hubiera sido capaz de proveerse de los apoyos necesarios para asegurarse la investidura, las Cortes se disolverán y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el real decreto de disolución al día siguiente y el 25 comenzará otra cuenta atrás: la de la repetición electoral.

En este caso, el plazo lo marca Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que se reformó en octubre de 2016, cuando Mariano Rajoy fracasó en su intento de conseguir la investidura su investidura y se buscaba evitar que unas nuevas elecciones se celebraran el 25 de diciembre, día de Navidad.

Esa reforma incluyó, entre otros preceptos, la reducción de 54 a 47 días el periodo de tiempo que ha de transcurrir desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración. De este modo, con el nuevo plazo, teniendo en cuenta que el reloj empieza a contar el 25 de septiembre, los comicios se celebrarían el 10 de noviembre.

Otros cambios que introdujo esa reforma fueron la reducción de la campaña electoral de 15 a ocho días, la sugerencia a los grupos parlamentarios para que acuerden reducir los gastos electorales de una cita a otra o que los contratos que haya de firmar el Ministerio del Interior para el desarrollo del proceso electoral se guiarán por el proceso excepcional reservado para casos de emergencia.

(SERVIMEDIA)