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El Gobierno prevé constituir la Autoridad de Protección del Cliente Financiero antes de fin de año

El Gobierno prevé constituir la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, un organismo de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, antes de que finalice el año.

La creación de este órgano se ha vuelto muy relevante después de que el Banco de España haya notificado un incremento en las reclamaciones bancarias por IRPH o las tarjetas ‘revolving’.

Así figura en el Plan Anual Normativo 2020, publicado en el Portal de Transparencia y recogido por Europa Press, que incluye un total de 171 propuestas.

El Gobierno pretende que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero en la que trabaja sea gratuita para los usuarios y pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras.

Organizaciones de consumidores como Asufin o Adicae y el mismo socio de gobierno Unidas Podemos, han reclamado que se acelere la creación de esta autoridad para evitar abusos desde el sector financiero.

Solo el 18% de las personas que contestaron la última Encuesta de Competencias Financieras –realizada conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística– contesta correctamente las tres preguntas que evalúan el conocimiento financiero.

Un porcentaje menor incluso en el caso de las mujeres (11% frente al 23% de hombres), y que aumenta con el nivel educativo. Además, casi la mitad de la población (46%) percibe que sus conocimientos son ‘bajos’ o ‘muy bajos’, y otro 46% dice que son ‘medios’.

Para Unidas Podemos, este “escaso” conocimiento financiero, junto con una “falta de control” y “mala praxis” por parte de instituciones financieras, como la falta de transparencia y de información en la comercialización de productos financieros complejos, genera situaciones de desprotección que conllevan, en determinados casos, a la reclamación y denuncia ante los organismos correspondientes. Como ejemplos, apunta la venta de participaciones preferentes o las cláusulas suelo.

Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el cuarto trimestre del año 2019 se encontraban tramitándose 244.036 casos correspondientes a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa).

RECAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO

En el ámbito financiero, además de la creación de esta autoridad, se traspondrá la directiva europea en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión al ordenamiento jurídico español.

Igualmente, se mejorará el marco de resolución de entidades de crédito, incorporando los requisitos de MREL, requisitos mínimos de pasivos elegibles (para absorción de pérdidas), así como el marco de solvencia y gobernanza de las entidades de crédito.

Respecto a la Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, el Ejecutivo tiene por objeto transponer parcialmente tres directivas europeas para armonizar, clarificar y mejorar la regulación vigente.

También tratará de transponer una serie de directivas encaminadas a regular la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, en coordinar las condiciones aplicables a los gestores de fondos que operan en el mercado interior y a mejorar la comercialización transfronteriza de fondos de inversión.

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