La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha alertado del efecto negativo de controlar los precios de alquiler y ha señalado que provocará «un desequilibrio entre la protección de los derechos del inquilino y los legítimos intereses del sector privado y no controlará el incremento de los precios, producido por la escasez de la oferta».
De hecho, su presidenta, Montserrat Junyent, ha dejado claro que limitar los alquileres «no solucionará el problema de fondo, sino que tendrá un efecto negativo por la falta de vivienda disponible». Asimismo, ha apostillado que no ayudará a mejorar el acceso a una vivienda digna.
Fadei también cree que esta medida también puede provocar que los propietarios no puedan abordar el mantenimiento de sus viviendas, «una situación que recuerda a tiempos pasados en los que la falta de adecuación de la renta llevó al deterioro del parque de alquiler».
«Los inversores dejarán de adquirir inmuebles para incorporarlos al mercado al alquiler, lo que en definitiva provocará una reducción aún mayor de la oferta», según la federación, que ha resaltado que también puede tener un impacto directo en la economía de pequeños propietarios que utilizan el alquiler como complemento a sus ingresos o a su pensión de jubilación.
Esto, de hecho, puede provocar, según Fadei, que en muchos los tenedores de vivienda decidan cambiar el alquiler por venta o por otras alternativas.
Asimismo, ha recordado que, por ejemplo, en Berlín, donde también se ha limitado el alquiler, ha tenido como consecuencia un «cierto abaratamiento respecto al año pasado, pero con una reducción considerable de la cantidad de vivienda en oferta, lo que ha supuesto el efecto contrario».
Para Junyent, el límite del precio del alquiler, «tal como marca la ley del mercado», debiera seguir regulándose por la oferta y la demanda y adoptar medidas que incentiven la creación de un parque de vivienda social suficiente para dar respuesta a la necesidad habitacional de las familias «más desprotegidas».
Desde su punta de vista, ante la falta de vivienda pública en alquiler, es necesario que el Gobierno contemple elevar el parque de este tipo con fines sociales y que incentive su construcción mediante estímulos fiscales y de cualquier otro tipo. «La colaboración del sector público-privado debe recibir apoyo, no medidas coercitivas ni penalizadoras», ha añadido.
