La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha defendido una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2017 que enmiende «su deuda histórica con la agricultura de la Comunitat Valenciana».
Así lo ha afirmado tras participar este jueves en Madrid en el consejo consultivo de PAC, un encuentro de las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura para preparar el próximo Consejo Europeo de Agricultura, que incluye en su orden del día el punto ‘El futuro de la PAC después de 2020’.
La reforma de la política agraria comunitaria encara su recta final y, según las previsiones, concluirá su propuesta a finales de abril. Ante este escenario, la consellera ha instado a defender aspectos clave de la agricultura en la Comunitat, informa la Generalitat en un comunicado.
Se trata de un modelo singular caracterizado por el minifundismo que hace que la tierra esté repartida entre muchos pequeños agricultores. Una «democratización de la tierra» que ha ensalzado como valor frente a las grandes explotaciones concentradas en pocas manos.
«Queremos que esta particularidad, el carácter minifundista, se reconozca en el primer pilar de la PAC porque entendemos que esa será la fórmula para combatir el abandono de tierras, el principal problema que tenemos: el abandono de tierras y su falta de competitividad», ha aseverado la titular de Agricultura.
Dicho esto, ha subrayado que «todas las tierras son válidas y ninguna debe ser desaprovechada», ante los efectos beneficiosos de la tierra trabajada para la producción agraria y para combatir el cambio climático. Una perspectiva, a su juicio, necesaria para afrontar los retos medioambientales que pide la UE.
También ha expresado su preocupación ante una nueva propuesta que privilegie a las grandes arquitecturas agrarias y «condene el desarrollo de un medio de vida digno para el sector primario valenciano». El modelo continental ha supuesto la pérdida del 40% de beneficiarios y de más del 25% de pagos directos en la última década, según las estimaciones del sector.
En este contexto, la consellera valenciana pretende negociar a favor de una propuesta que incluya ayudas sectoriales a los cultivos tradicionales, mantenga un espacio de reconocimiento a los pequeños agricultores, fortalezca las ayudas al sector hortofrutícola (más del 60 % de la producción final agraria de la Comunitat) y aborden el desafío climático y el impacto sobre la erosión asociado a cualquier política que imposibilite la rentabilidad del campo y acelere la pérdida de tierras cultivadas.
