Este miércoles 14 de mayo se ha convocado una nueva concentración de animalistas en España para exigir la protección del lobo ibérico, tras las distintas manifestaciones ya ocurridas semanas atrás fruto de la exclusión del animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una enmienda del Senado que se aprobó en el Congreso el pasado 20 de marzo incorporada a la votación de la ley del desperdicio alimentario, con 174 votos a favor de PP, Vox, PNV y UPN.
«Nos concentramos ante el Congreso de los Diputados, en la Plaza de Las Cortes, donde han decidido exterminar al lobo ibérico, especie esencial de nuestros ecosistemas», explican desde el partido político PACMA, principal organizador de una protesta que se inicia a las diez y media de la mañana bajo el lema ‘Salvar al Lobo Ibérico’.
«El lobo está siendo víctima de una campaña política impulsada por intereses ganaderos y cinegéticos que lo presentan como un enemigo del mundo rural, cuando en realidad es un pilar clave para el equilibrio de los ecosistemas. Esta concentración busca exigir al Gobierno que tome las riendas del asunto y revoque la decisión del Congreso frente a lo que consideramos una invasión de competencias en toda regla», comenta el presidente del partido, Javier Luna.
Los colectivos animalistas se movilizan tras una polémica aprobación parlamentaria que consideran ilegal, injusta y profundamente regresiva para la conservación de la especie. Denuncian que ni el Congreso ni el Senado tienen competencias para modificar el estatus legal del lobo, ya que la única autoridad competente para ello es el Ministerio para la Transición Ecológica, junto al respaldo de informes científicos y de órganos consultivos.
Denuncian que la exclusión del lobo del LESPRE infringe la Constitución
Para más inri, la formación animalista PACMA ha presentado un elaborado escrito dirigido al Defensor del Pueblo en el que fundamenta jurídicamente que la aprobación de la exclusión del lobo del LESPRE por el Congreso infringe varios preceptos constitucionales. «El Congreso carece de competencia, facultad o atribución alguna para excluir al Lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece de manera expresa que la inclusión, modificación o exclusión de una especie es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica«, puntualiza la asesora jurídica Eva Ramos.
El segundo motivo de inconstitucionalidad que alegan es la falta de participación pública en la toma de esta decisión. «La Constitución proclama que todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero también el deber de conservarlo», prosigue Ramos. «En este sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece que para hacer efectivos tanto ese derecho como ese deber, todos debemos poder participar en la adopción de las medidas que se aprueben con relación al medio ambiente».
Todos debemos poder participar en la adopción de medidas del medio ambiente
Eva Ramos, asesora jurídica
«Esta participación, consagrada, además, en el artículo 9 de la Constitución, se suele hacer mediante alegaciones, en lo que conocemos como trámite de audiencia pública, al que no se ha sometido la exclusión del Lobo», sentencia.
Para los animalistas, los diputados del Congreso son culpables por actuar de «manera arbitraria» al haber desprotegido una especie «sin tener en cuenta los ámbitos competenciales, sin seguir el procedimiento legalmente establecido, sin consultar a los órganos especializados y creados al efecto, a las comunidades autónomas, a las entidades representativas de los sectores afectados y sin participación pública».
Además, acusan a gobiernos como el de Cantabria de, con el beneplácito del Ejecutivo central, estar «llevando a cabo una campaña de exterminio disfrazada de gestión«. «Ya se están matando a los primeros lobos en Cantabria y continuarán en Asturias, Galicia y Castilla y León. Es un plan preestablecido para exterminar al lobo. No lo podemos permitir, no podemos seguir permitiendo que continúen aniquilando a nuestra fauna silvestre», explican portavoces de la protesta convocada para este 14 de mayo.
Los grupos animalistas solicitan a PSOE y Sumar que, «por coherencia con su voto» y en defensa de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de la separación de poderes y del patrimonio natural, presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional. Recuerdan que formaciones políticas como PACMA carecen de legitimación para tal prerrogativa.
La postura de los ganaderos frente al lobo
Desde el sector ganadero llevan tiempo reclamando a las instituciones que cambien el estatus de protección del depredador. Si bien como hemos comentado el Congreso aprobó el pasado mes de marzo la ley contra el desperdicio alimentario que llevó consigo la derogación de la protección del lobo y su exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en La Rioja se mantiene la prohibición de su captura por la Ley de Biodiversidad.
«El lobo es una especie en expansión mientras son los ganaderos quienes se extinguen si no se hace nada al respecto», expone la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA), principal organización profesional agraria de La Rioja. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, anunció que se adaptaría la prohibición para poder propiciar su gestión.
Según los ganaderos, en zonas como Galicia, Castilla y León y Madrid las cifras de reses asesinadas por lobos salvajes se han disparado, conllevando importantes pérdidas económicas para el sector que no terminan de recuperar.
Dicen que los ataques de lobos no se limitan solo al ganado, ya que incluso los perros pastores están siendo víctimas de estas manadas de lobos que consideran «descontroladas». Aseguran, además, que el número de animales atacados ha aumentado un 52 % en los últimos años, lo que supone un golpe duro para los productores.
