La aprobación de la Ley de Amnistía hace dos meses ha supuesto un hito histórico en la resolución del conflicto político catalán. Esta norma ha permitido que al menos 102 personas hayan sido beneficiadas, entre condenados exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes penales.
Entre los más destacados se encuentran el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el escolta del expresidente catalán Lluís Escolà, el exconsejero de Interior Miquel Buch y varios exoncejales del PSC y la exalcaldesa de Figueres Marta Felip. Todas estas amnistías han sido acordadas por tribunales y juzgados con sede en Cataluña, cubriendo delitos como malversación, prevaricación, desobediencia y desórdenes públicos, entre otros.
Sin embargo, el proceso de aplicación de la ley se ha visto retrasado en algunas causas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha elevado al Tribunal Constitucional los casos del expresidente de la Generalitat Quim Torra y los exdiputados Pau Juvillà y Bernat Solé, alegando dudas sobre la constitucionalidad de la norma.
Asimismo, el TSJC ha planteado cuestiones de inconstitucionalidad en los hechos imputados a la exconsejera de Cultura Natalia Garriga, el exsecretario de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.
El Caso Particular de Carles Puigdemont
El principal excluido en la aplicación de la amnistía es el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien aún tiene pendientes dos frentes judiciales: las consecuencias del «procés» y la supuesta trama rusa del independentismo catalán. En el primer caso, el juez Pablo Llarena rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación, el único que se le imputa actualmente. Además, pesa sobre Puigdemont una orden de detención que no pudo ser ejecutada debido a su huida.
En el segundo caso, el relativo a los presuntos contactos del independentismo con el Kremlin, el Tribunal Supremo debe responder a la exposición razonada del juez Joaquín Aguirre, quien solicitó investigar al expresidente catalán.
La Amnistía a las Fuerzas de Seguridad y Otros Casos
La ley de amnistía también ha beneficiado a 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. Además, se ha amnistiado a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona) condenado por prevaricación, y a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.
Por otro lado, la amnistía ha afectado a una treintena de manifestantes condenados por delitos de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona y en favor del «procés» entre 2018 y 2019. También se ha amnistiado a una persona condenada por tenencia de artefactos explosivos.
A pesar de estos avances, varios tribunales han decidido esperar a aplicar la amnistía debido a las dudas sobre la legalidad de la ley. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJC han planteado cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría retrasar aún más la aplicación de esta norma.
