La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la imputación del alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. La decisión, tomada tras la revisión de un recurso de apelación presentado por Arco, se basa en la existencia de indicios suficientes para determinar que el alcalde habría realizado pagos irregulares por un importe cercano a los 20.000 euros durante los años 2016 y 2017.
La investigación, iniciada tras una denuncia del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, pone de manifiesto una serie de pagos realizados en contra de los informes de la Intervención Municipal y a pesar de las advertencias de ilegalidad por parte de la secretaria-interventora. La Audiencia ha considerado que el alcalde, consciente de la irregularidad de sus acciones, «sabía y conocía perfectamente lo que estaba decidiendo y haciendo».
Indicios de irregularidad: pagos sin justificación y cambios de puestos sin procedimiento
La investigación se centra en la realización de cuatro pagos específicos: dos de ellos por un total de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal. Los otros dos pagos, uno por 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa que ya había sido elaborado por la asesoría jurídica municipal, y otro por 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento, también se consideran irregulares.
Además de los pagos, la interventora municipal ha detectado irregularidades en el cambio de puesto de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y en la contratación del aparejador municipal, la abogada municipal y el servicio informático, todos ellos sin seguir el procedimiento establecido.
La defensa del alcalde y la argumentación de la Audiencia
En su alegato, el alcalde Joaquín Arco argumentó que, si bien «ha podido equivocarse» en la toma de sus decisiones, «en ningún caso lo ha hecho a sabiendas de que estaba actuando injusta y arbitrariamente». Afirma haber actuado «desde el convencimiento de que procedía correctamente» y atribuye la responsabilidad a la secretaria municipal, a la que acusa de tener «afinidad con la oposición» y de estar «llevando a cabo cambios que no están gustando» al equipo de gobierno.
Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estas alegaciones. En su sentencia, argumenta que «basta leer la declaración como investigado del recurrente para colegir lo que describe el instructor», resaltando que el alcalde reconoció que el Ayuntamiento no contaba con asesoría jurídica en la época de los hechos, lo que pone en duda la existencia de los supuestos informes jurídicos que él mencionó.
Además, la Audiencia destaca la declaración de la secretaria-interventora, quien manifestó que la Alcaldía «sabía que se trataba de una ilegalidad lo que hacían, y a pesar de ello lo hicieron». Basándose en la suma de estos elementos, la Audiencia considera «evidente que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra Joaquín Arco, pues sabía y conocía perfectamente lo que estaba decidiendo y haciendo».
La imputación del alcalde de Ribamontán al Monte abre un nuevo capítulo en la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal. La Audiencia ha considerado que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento judicial, lo que podría llevar a un juicio por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
