La organización ecologista Greenpeace ha criticado que España se quede «a la mitad» al transponer directivas europeas sin aplicarlas, después de que la Comisión Europea haya expedientado a España y al resto de países de la Unión Europea (UE) por incumplir los objetivos de recogida y reciclaje de residuos.
Celia Ojeda, experta en consumo y portavoz de Greenpeace, ha señalado que la entidad se siente contenta porque «está bien que la UE ya evidencie que, entre otros países, España tampoco está gestionando bien sus residuos». Ojeda ha recordado que Greenpeace ya denunció a España en 2023 ante la Comisión Europea por incumplir el objetivo de reciclaje de 2020. Sin embargo, también ha añadido que «este contento es negativo porque, como ambientalista y ecologista, que no se estén gestionando bien los residuos».
Greenpeace pide centrarse en los residuos que más contaminan y promover la reducción y reutilización
Ante esta situación, Greenpeace ha insistido en focalizar los esfuerzos en los residuos «que están contaminando más, como por ejemplo pueden ser hoy por hoy los textiles, el plástico y el cartón«. Además, ha puntualizado que el reciclaje «no es la única solución» y ha pedido invertir en reducir la cantidad de basura que se genera en la sociedad. «Se nos han olvidado las alternativas que es la reducción y la reutilización«, ha señalado Ojeda.
Por ello, Greenpeace ha propuesto medidas como promover normativa para la reutilización de prendas y fomentar la reutilización de los plásticos de un sólo uso que se ponen cada día a la venta –consiguiendo que los clientes puedan ir a la tienda y volver a llenarlo con champú, detergente o bebida, etc.– o el sistema de depósito y retorno de envases que ya funciona en otros países.
La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España por incumplir la Ley de Servicios Digitales
Además de los problemas con la gestión de residuos, la Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no facultar adecuadamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales que impone las normas más estrictas a las grandes plataformas, un marco con el que el bloque quiere evitar prácticas abusivas por parte de las compañías de mayor tamaño en la red.
El inicio de un expediente sancionador supone que Bruselas da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomará para corregirlas. En caso de no resolverse la situación, el expediente cuenta con dos fases más, el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, si persiste la irregularidad, denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de a España, los servicios comunitarios han enviado cartas de emplazamiento a otros cinco países que no han dado los poderes correspondientes a su autoridad competente o ni siquiera han designado a un «coordinador de servicios digitales», que en el caso de España es la CNMC.
