El PSOE negocia con los grupos parlamentarios una enmienda transaccional a la ley de crédito inmobiliario para hacer descansar una «parte sustancial» de los costes de constitución de las hipotecas en la banca, según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas.
El Gobierno cambió la norma fiscal para que las entidades soporten el impuesto de actos jurídicos documentados desde hoy y la iniciativa socialista buscaría ir más allá para esclarecer por completo el resto de gastos asociados la operación (gestoría, notaría, tasación, ect), cuyo reparto estimó el Tribunal Supremo en su día que debía ser «equitativo» entre banco y cliente, pero asociaciones de consumidores y algunos partidos exigen imputar por completo a la entidad financiera.
La distribución de los costes se ha convertido, de hecho, en uno de los pilares en la regulación que tenía su origen en directiva europea de 2014 cuyo retraso en la trasposición hace que Bruselas amenace con multar a España con casi 100.000 euros al día.
El Gobierno del PP la aprobó y envió a la Cámara Baja en noviembre de 2017, pero las negociaciones se han abordado bajo la Ejecutiva de Pedro Sánchez con posiciones en origen muy distanciadas entre los distintos partidos políticos o, incluso, contrapuestas, dado la sensibilidad y complejidad que significa el mercado hipotecario.
Y en medio de este contexto irrumpe en escena del Tribunal Supremo, obligando a la banca primero a cargar con el impuesto jurídico y anulando después su sentencia para que lo continúe soportando el cliente. Este coste lo aclara el Gobierno legislando para consolidar el pago por parte la entidad, pero ha provocado que en el tramo final de la negociación de la ley se ponga el acento en el reparto de gastos.
CUANDO SE LANZA UN EMBARGO
Otro tema susceptible de mutar sobre el proyecto que presentó el Ejecutivo del PP son las condiciones para iniciar un proceso de ejecución de las garantías del préstamo. Su proyecto sustituía la norma que permite al banco iniciar el embargo al tercer impago por un nuevo sistema donde solo se podrá poner en marcha la maquinaria cuando se acumule un determinado porcentaje de deuda. El proyecto de ley del PP establecía que solo podría ocurrir cuando adeudase un importe equivalente al 2% de la deuda o nueve cuotas impagadas si la morosidad aparece en la primera parte de la vida del préstamo; y el 4% o doce mensualidades si el cliente desatiende su cuota de amortización en la segunda parte de la vida del préstamo.
Al final tienen muchas opciones de que se imponga la demanda de los partidos que prefieren endurecer aún más las condiciones para el embargo en favor de «incrementar las garantías» para el cliente y que la horquilla quede fijada en el 5-10%, reconocen las fuentes consultadas.
El deseo del partido socialistas es que la futura ley, cuya negociación ha sido ardua y pesada por las posturas divergentes de los distintos partidos políticos, concluya mañana con un texto definitivo para su defensa y aprobación en la Comisión de Economía del Congreso y el Pleno de la Cámara. Si no tropieza con enmiendas en su trámite en el Senado, la norma podría acabar así cerrada en poco más de un mes y se retrasaría por la interrupción de las elecciones Andaluzas.
La norma pone especial énfasis en mejorar la transparencia en la contratación para proteger al ciudadano y que sepa bien lo que firma, al tiempo que impide una comercialización indebida u opaca por parte de las entidades financieras.
Así, la ley obligará, por ejemplo, a señalizar de forma clara en los contratos las cláusulas complejas, e impondrá a los notarios a informarle gratuitamente sobre los distintos aspectos del préstamo. Por otra parte, reforzará la exigencia para la entidad financiera de efectuar un análisis concienzudo de la solvencia del cliente y su capacidad para atender la deuda, con la finalidad de evitarle apuros por sobreendeudamiento.
