Ignacio Ulloa Rubio, exsecretario de Estado de Seguridad en el primer año de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, ha asegurado este jueves ante la comisión del Congreso por el ‘caso Kitchen’ que en el año que estuvo en el cargo «no se cometió ninguna ilegalidad ni ninguna actividad paralela al margen de la ley».
En sus respuestas ante el Congreso, Ulloa ha dicho que no conoció «nunca» al comisario jubilado José Manuel Villarejo –«ni tuve deseo de coincidir con él»–, cuya detención en 2017 desencadenó una macrocausa en la Audiencia Nacional, entre ellas la pieza sobre ‘Kitchen’, aunque sí había oído hablar de los «servicios de seguridad» de este policía por otros ámbitos profesionales ajenos al Ministerio.
Los grupos políticos han elogiado su currículum como jurista de prestigio y se han interesado por el motivo de su cese tras tan sólo un año en el cargo, que ocupó entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Entonces se habló de motivos personales y este jueves ha reiterado que fue así, en un principio sin querer dar más detalles.
UN CESE ACORDADO CON EL MINISTRO
«Fue un cese acordado porque el ministro entendió que había que dar un cambio. Yo no era un hombre para estar en comparecencias públicas o en el candelero político constantemente, entiendo que se me impute esa falta», ha señalado en respuesta a una pregunta de Vox, comparando esta situación con la que se puede dar en un contrato de una empresa.
En el turno de EH Bildu ha añadido que «cambiaron las circunstancias» en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz: «Quería impartirse un ritmo más político a esa Secretaría de Estado y yo lo único que podía ofrecer al ministro eran mis conocimientos técnicos y mi trabajo, no podía ofrecerle ni política, ni proyección mediática, ni maniobras arteras, ni ninguna actuación que no fuera el estricto cumplimiento de la ley».
También ha señalado en varias ocasiones que no recordaba las circunstancias que rodearon a la publicación de informes policiales apócrifos. «Sabía que esas cosas sucedían pero no estaba pendiente, no era la prioridad del momento», ha apuntado.
Ulloa ha mantenido que «en absoluto» le llegó en ese año alguna orden que implicara no aplicar la ley por parte del ministro Fernández Díaz, imputado en la actualidad el ‘caso Kitchen’ por el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas, al igual que el sucesor de Ulloa en la secretaría de Estado, Francisco Martínez –antes jefe de gabinete del ministro y de quien ha dicho que mantuvo una relación «buena y de mutuo respeto y confianza»–.
«No me consta ninguna investigación que no fuese sometida al control judicial», ha dicho en respuesta al PSOE, que le ha preguntado por su posible conexión con fiscales y jueces de Cataluña, así como por investigaciones como Interligare, el ático de Ignacio González o el caso Palau. «Las tres investigaciones estaban protocolizadas judicialmente», ha apuntado.
El PSOE también ha indagado sobre el papel del director de la Policía de la época, Ignacio Cosidó, y por qué «no sonó ninguna alarma» sobre el presunto uso partidista de la Policía. En este sentido, ha recordado que la unidad de revisión de casos, polémica por algunos de sus informes ‘paralelos’ sobre el 11-M y el Faisán, se creó con anterioridad a su salida de la Secretaría de Estado de Seguridad.
FUNCIONAMIENTO DE FONDOS RESERVADOS
Tras recordar que las informaciones señalan que la ‘operación Kitchen’ se puso en marcha en 2013, motivo por el que se ha excusado al no poder aportar ningún dato, Ulloa ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy lo que quería cuando él llegó al cargo era que en Interior se aplicara el «imperio de la ley por las sospechas anteriores de injerencia política», en alusión al Gobierno del PSOE.
En respuesta a Unidas Podemos, Ulloa ha reconocido que le sorprendió que los fondos reservados se recogieran en un libro por escrito con asientos, aunque añadiendo que quizás esto se debe a las vulnerabilidades informáticas. Según ha expuesto, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios iba a su despacho cada tres o cuatro semanas para hacer un repaso de estos fondos y de los documentos que acreditaban su uso.
«Sí fiscalizaba que hubiera ese hilo conductor», ha comentado sobre los fondos reservados. «Si hubiera visto que no había correlación entre la persona que gasta y el Cuerpo, lo hubiera reclamado», ha comentado, recordando que el subordinado que se encargaba de esta supervisión era el coronel Diego Pérez de los Cobos, alto cargo en Interior desde la etapa del PSOE. «El secretario de Estado no es el ojo que todo lo ve ni el Gran Hermano», ha señalado.
Ignacio Ulloa ha señalado que al llegar a Interior le indicaron que había que recortar un 20% el coste en la seguridad, y que su trabajo se centró entonces en que esto no repercutiera en un incremento de la tasa de criminalidad, en un contexto en el que revertió el mando único para Policía y Guardia Civil creado durante la etapa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su último turno, Ulloa ha expresado su queja por el título «impreciso» de la comisión del Congreso, que lleva por nombre ‘sobre la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior’, recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no permite esto ya que puede convertir las comisiones en «prospectivas» y causar indefensión en la tutela efectiva y las garantías de los comparecientes.
