El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha propuesto este lunes a los sindicatos conceder una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, para los interinos que estén más de tres años en esa situación, según han informado CSIF y CC.OO.
Fuentes de CSIF consultadas han explicado que esta indemnización sólo podrían recibirla aquellos interinos que estén más de tres años en situación de interinidad a partir de la entrada en vigor de esta medida, es decir, que no aplicaría para los interinos actuales.
Por ello, tanto CSIF como CC.OO. reclaman al Ministerio de Miquel Iceta que esta indemnización también puedan recibirla aquellos interinos que ahora ya se encuentran en fraude de ley por superar el límite de tres años en situación de interinidad.
«La propuesta del Ministerio sigue penalizando al personal temporal, que finalizaría su relación con la administración a los tres años, sin que se le ofrezca una alternativa clara, como si éste fuese el culpable de su situación de temporalidad», argumenta CSIF.
En línea similar, CC.OO. ha criticado que estas indemnizaciones sólo se contemplen para los nombramientos futuros y no para los actualmente en vigor, sin que se establezcan soluciones alternativas satisfactorias.
Otro importante escollo para CC.OO. es la no eliminación de las limitaciones en la tasa de reposición y que siguen existiendo trabas para la recuperación del empleo y el necesario incremento de las plantillas.
Pese a los avances que se han dado en la reunión de hoy para combatir la temporalidad en las administración, CSIF y CC.OO. consideran que éstos son aún «insuficientes» porque no reparan la situación de los actuales interinos. Para ellos, lo que propone Función Pública es lanzar un concurso-oposición.
No obstante, las condiciones de este proceso de estabilización no convencen ni a CSIF ni a CC.OO.. El primero quiere que en este concurso-oposición se puntúe al máximo la antigüedad, con una valoración de la fase de concurso del 40%, con ejercicios teórico-prácticos y sin pruebas eliminatorias.
CC.OO., por su lado, apuesta por flexibilizar las condiciones de la fase de oposición y mejorar el peso de la experiencia en la fase de concurso.
De forma paralela, el sindicato de Miguel Borra pide fomentar la promoción interna y la movilidad del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de la administración, sin que ninguno se vea perjudicado.
El sindicato cree que el Ministerio debe impulsar sin más demora una reforma del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo Público) para responder a la difícil situación que afrontan miles de interinos en fraude de ley en toda España.
CSIF afirma que dicha reforma legislativa debe perseguir y contemplar tres objetivos para el conjunto de empleados públicos, que empiezan con definir en el marco legislativo las situaciones de temporalidad que se consideren contrataciones en abuso y fraude de ley, resarciendo los perjuicios ocasionados al personal que se encuentre en dicha situación conforme a la Directiva UE.
Además, el sindicato considera que se debe obligar a las administraciones a convocar en las ofertas de empleo público todas las vacantes reduciendo los plazos de ejecución y fijando sanciones (disciplinarias, administrativas, por la vía de lo civil y penal) para los órganos gestores que incumplan.
CSIF insta a garantizar la movilidad y la promoción interna de los empleados públicos fijos, convocando concursos de traslados permanentes para cubrir las vacantes con carácter previo a su cobertura mediante procesos selectivos de manera simultánea.
En relación con el proceso de estabilización que se plantea desde el Ministerio, CSIF insta a garantizar la permanencia del personal temporal (funcionarios y laborales) hasta la finalización del mismo, vinculada a su participación. Finalizado dicho proceso, se analizaría su resultado con el ánimo de buscar soluciones a las situaciones que no se hayan resuelto.
Por su parte, CC.OO. ha afirmado en un comunicado que la propuesta del Ministerio no contiene los elementos necesarios para que todas las administraciones cumplan y se pueda rebajar de manera efectiva la temporalidad en el sector público al 8%. En este sentido, considera «insuficientes y discriminatorias» las medidas sancionadoras y disuasorias para solucionar definitivamente esta problemática.
Función Pública se ha comprometido a mandar un documento de concreción de su propuesta y a convocar una nueva reunión para el próximo jueves. CSIF y CC.OO. han expresado su voluntad de seguir trabajando para llegar a un acuerdo con el Ministerio que permita resolver el problema de la temporalidad en el sector público.
