La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha convocado una plaza de magistrado para que se ocupe del Juzgado de Instrucción Número 1, que dirige Santiago Pedraz de forma interina desde el pasado mes de marzo, cuando tomó posesión como titular del Número 5, hasta que llegue el juez que se encargará definitivamente del mismo, Luis Francisco de Jorge, cuyo trabajo en la ONU le retendrá hasta finales de año.
Pedraz, que era titular del Número 1, saltó al 5 cuando quedó libre por la partida de su responsable, José de la Mata, a Eurojust. El cambio se formalizó el 8 de marzo pero desde entonces el juez ha estado encargándose de ambos juzgados, incluidas las guardias correspondientes a cada uno de ellos. La plaza vacante se adjudicó en concurso público a De Jorge.
El nuevo responsable del Juzgado de Instrucción Número 1 tomó posesión de la plaza el 5 de mayo, pero con la salvedad de que continuaría desempeñando su trabajo en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) hasta que finalizara su contrato en la organización internacional, que ha sido prorrogado, alargándose también con ello la situación de Pedraz.
Así las cosas, «se consideró necesario», a instancias del propio Pedraz, «articular alguna solución que paliara la referida situación», con el juez simultaneando los dos juzgados, teniendo en cuenta además «el volumen de asuntos que conoce el Juzgado de Instrucción Número 1 y la especial clase y complejidad del tipo de procedimientos que se siguen en estos juzgados centrales», según reza el acuerdo de la Sala de Gobierno alcanzado el pasado lunes.
Ante esta problemática, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 3 de junio cubrir la vacante del Juzgado Central de Instrucción Número 1 mediante una comisión de servicio con relevación de funciones desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, hasta la incorporación de De Jorge, una decisión que ha sido ratificada por la Sala de Gobierno convocando dicha plaza.
Desde la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abrirá un plazo de cinco días hábiles para que los magistrados que quieran asumir esta suplencia envíen sus candidaturas. La Sala de Gobierno las valorará, apreciando particularmente que el solicitante pertenezca al mismo orden jurisdiccional (penal) y la situación del juzgado o tribunal del que proceda, entre otras cuestiones.
Tras ello, la Sala de Gobierno enviará al CGPJ el nombre del candidato idóneo, aunque también podrá ser una lista con varios aspirantes por orden de preferencia. Los órganos internos del CGPJ, analizarán ese listado, poniendo especial atención en cómo hayan gestionado el candidato o, en su caso, los candidatos la sede judicial de la que provengan. Superado este primer filtro, el asunto se elevará a la Comisión Permanente del CGPJ, que será quien adjudique la plaza.
Las mismas fuentes han explicado que el criterio se la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la Comisión Permanente del CGPJ no suelen diferir en estos temas, de modo que lo previsible es que la recomendación de la primera sea respetada por la segunda. En cualquier caso, la decisión podrá recurrirse por los candidatos afectados en la vía contencioso-administrativa.
DE PDVSA A LAS ‘CRIPTO-ESTAFAS’
Una vez designado, el nuevo juez se hará cargo de las causas ya abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 1 y de las que por los turnos de reparto y guardia le correspondan. Destaca el caso ‘Soule’, que investiga presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
En este juzgado también se sigue el rastro del dinero en la causa que investiga los fondos que habría recibido el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA.
Además, en el Número 1 ha recaído la investigación sobre una presunta estafa con criptomonedas que habría cometido la mercantil Algoritmhmics Group dejando un saldo de 300 afectados y 100 millones de euros estafados.
Asimismo, en esta sede se estudian dos querellas presentadas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos, aunque la causa se encuentra en punto muerto desde que Pedraz le dejó libre sin medidas cautelares, tras tomarle declaración, y el dirigente saharaui regresó a Argelia.
Cuando se consume el cambio, Pedraz, por su parte, podrá dedicarse exclusivamente a los asuntos acumulados en el Juzgado de Instrucción Número 5, que indaga la parte de ‘Gürtel’ relativa a las llamadas comisiones finalistas, esto es, si los supuestos pagos realizados por empresarios al PP se habrían hecho a cambio de adjudicaciones concretas.
