Podemos pide al juez del caso ‘Neurona’ que rechace investigar si parte de los 363.000 euros que la formación pagó a Neurona Comunidad para las elecciones generales de 2019 regresó a las arcas ‘moradas’ o a sus dirigentes a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El partido ha criticado a la Asociación de Juristas Europeos (Pro Lege), que ejerce la acusación popular en la causa, por pedir al juez que realice diligencias de investigación «por si acaso».
En un escrito que ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, la formación ‘morada’ ha reprochado a Prolege que sustentara su petición con «diversos recortes de presa de supuestas noticias de hace más de seis meses de fuentes desconocidas».
«Creemos que no puede avalarse una investigación sobre sospechas reflejadas en artículos de prensa de fuentes que se desconocen, cuyas conexiones con la causa son más producto de teorías alambicadas e inconsistentes, e incluso (si se nos permite la expresión) de tramas novelescas», ha señalado la defensa de Podemos.
«DILIGENCIAS INNECESARIAS»
Desde el partido se han mostrado en contra de que el magistrado Juan José Escalonilla lleve a cabo las pesquisas al considerar que se trata de «diligencias abiertamente prospectivas e innecesarias».
Han insistido en que el hecho de que una persona tenga un vínculo personal, laboral o político con Podemos o Izquierda Unida y que tenga relación o participaciones en una sociedad mercantil no se traduce en indicio alguno de que haya operado o de que tenga relación con Neurona. Asimismo, ha descartado la tesis de que por tener clientes en Latinoamérica una empresa esté vinculada a Neurona.
«La investigación que pretende la acusación carece de fundamento alguno, por lo que debe ser rechazada», ha señalado Podemos en su escrito al juez.
«NI SUBVENCIÓN NI FONDOS PÚBLICOS»
La formación ‘morada’ ha defendido que «ni hay gasto electoral subvencionado ni fondos públicos». «No hay discusión en cuanto a que los fondos con los que se iban a hacer cargo los gastos electorales de la campaña del 28-A, provenían de fondos propios del partido político Podemos», han remarcado.
En el escrito hacen hincapié en que tras diez meses de instrucción «siguen sin constar en la causa» ni la acreditación de los supuestos indicios contenidos en las afirmaciones del exabogado del partido José Manuel Calvente, «ni los elementos de hecho sometidos a investigación».
Asimismo, ha subrayado el hecho de que el exgerente de Podemos Pablo Fernández Alarcón desmintiera el pasado 21 de mayo en sede judicial las acusaciones de Calvente que dieron origen a la causa.
LA INVESTIGACIÓN
Las investigaciones judiciales gravitan sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El juez Escalonilla cree que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.
Hasta ahora, las pesquisas se han centrado en averiguar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada. La empresa, filial española de la mexicana Neurona Consulting, subcontrató a otra sociedad mexicana, Creative Advice, para que fuera quien realmente prestara los servicios requeridos por la formación política.
Según la información contable que obra en la causa, Podemos pagó en varias transferencias esos 363.000 euros a Neurona Comunidad, que a su vez ingresó 308.257 euros a Creative Advice. Pro Lege plantea en su escrito que el destino final del dinero «sigue siendo una incógnita» porque, a su juicio, no ha quedado acreditado que esos fondos remuneraran un trabajo real.
