Las organizaciones ambientales consideran que el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros es «poco ambiciosa» y reclaman que en su tramitación parlamentaria se aumenten las exigencias y, en particular se apruebe un texto legal que se base en la prevención y la reutilización de los residuos.
Así, Amigos de la Tierra lamenta que el borrador que conoce sobre el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, no esté a la altura de la crisis ecológica que vive España, agravada por el problema de los residuos. En ese sentido, señala que la prevención y la reutilización «siguen estando ausentes» de la propuesta del Gobierno, que pone el foco en la gestión de residuos, sin ni siquiera acometer los cambios necesarios para mejorar los actuales sistemas de gestión.
La responsable de recursos naturales de Amigos de la Tierra, Adriana Espinosa, ha destacado que con el proyecto de ley se siguen repitiendo «las mismas fórmulas obsoletas de hace diez años» que han resultado «fallidas». Así, afirma que «casi el 70% de los residuos municipales que cada año acaban en vertederos o incineradoras».
No obstante, ve algunos «avances notables» como la implantación de un canon al vertido y la incineración, el texto en general muestra falta de ambición y determinación ya que «en ningún caso» adopta medidas «concretas» para reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos que se generan cada año en España.
«Nos enfrentamos a una crisis ecosocial sin precedentes, y la problemática de los residuos es una parte fundamental que debemos abordar para caminar hacia una transición ecológica real. No podemos desaprovechar esta oportunidad con medidas vacías de contenido en lugar de centrarnos en la reducción y la reutilización», ha apostillado.
Por su parte, el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea, critica que el proyecto aprobado no soluciona el abandono «masivo» de los envases de bebidas y que los impuestos «aislados» e «insuficientes» que establece, son tan solo «una tirita que no curará» un sistema de gestión de residuos que está «enfermo de manera sistémica».
En declaraciones considera que la propuesta normativa del Gobierno tiene «bastantes cosas mejorables» aunque no espera que mejore «mucho» durante su tramitación parlamentaria, al tiempo que advierte al Gobierno de que en su redacción actual, la ley no permitirá cumplir los objetivos del plan de economía circular.
Barea denuncia que los objetivos de reducción son «poco ambiciosos» por culpa de las presiones de los lobbies empresariales que «no quieren» incluir como obligatorio el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR).
En cuanto a los impuestos al plástico que establece el proyecto de ley consideran que «no son suficientemente altos» como para que disuadan y desincentiven el «tirar los residuos». Si una tartera costara 15 euros y la ensalada 3 euros, la gente buscaría mejores opciones que un envase de usar y tirar», comenta.
En cuanto al impuesto al vertido e incineración, alerta de que este «no debe quedar al libre albedrío de las comunidades autónomas». En definitiva, el portavoz de Greenpeace reclama que la ley incluya de forma «obligatoria» el SDDR, que aumente los impuestos y que establezca medidas para saber los envases que se ponen a la venta, ya que el método actual ofrece uno datos «falsos» y que suponen «un fraude».
De ese modo, asegura que los datos que el Ministerio y que España remite a la Comisión Europea cada año están «manipulados al alza» porque son los que les remiten los sistemas colectivos de gestión, a los que acusa de boicotear la ley y el SDDR para «no perder ni un céntimo», mientras que justifica al Gobierno en su falta de comprobación de la veracidad de los datos porque «no tiene medios suficientes para ejercer el control».
Desde SEO/BirdLife, el técnico Miguel Muñoz considera «positiva» cualquier medida legislativa para reducir los residuos abandonados en la naturaleza, algo que espera será «uno de los resultados de la ley», aunque coincide con el resto de ONGs en que a la norma le falta ambición tanto en los aspectos de reducción como de reutilización.
Así, recuerda en declaraciones que aunque la ley es ambiciosa en el reciclaje de residuos urbanos, estos apenas suponen el 8 por ciento del total, mientras que deja fuera a los envases industriales y no incentiva la reducción de la generación. Si esta ley emana de la economía circular, debemos cambiar el modelo de producción y consumo«, insiste.
Entre sus críticas, explica que la ley penaliza a los envases no reutilizables pero no de forma «suficientemente ambiciosa» y cree que es preciso poner en marcha actuaciones para cambiar los hábitos de consumo diarios.
Respecto a su posición sobre el SDDR Muñoz estima que «todos» los sistemas enfocados a la reutilización que se implanten son «positivos» pero habría que analizar en cada caso «dónde y para qué implantarlo». A su juicio, este sistema «no siempre se enfoca a la reutilización sino a la separación para su reciclaje» y asegura que para SEO/BirdLife «el reciclaje no es el camino».
La ONG ve así «con temor» que sistemas como el SDDR se vean como una «salvación» a los envases domésticos reutilizables ya que afirma que «en varios países donde se ha aplicado, al final solo ha servido para aumentar el coste de la tasa de reciclado y se han olvidado de las otras dos ‘R'».
