La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior ha elaborado dos guías de actuación para mejorar la persecución de los delitos de odio y la atención a sus víctimas, con especial atención a las personas con discapacidad, caso en el que recomienda a policías y guardias civiles evitar un lenguaje técnico y complicado.
La guía para la actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad del desarrollo, tiene como principal destinatario las propias Fuerzas de Seguridad, a las que recuerda que a estas personas les puede ser más difícil comprender que han sido víctimas de un delito de odio y, por tanto, denunciarlo.
El manual recomienda a policías y guardias civiles que, cuando tengan que atender a una persona con discapacidad víctima de un delito de odio, eviten el lenguaje técnico o complicado y utilicen uno más sencillo y directo que les permita comprender la situación que sufren.
También apuesta por adaptar el entorno policial en el que se sustancia la denuncia y eliminar elementos estresantes para la víctima, así como usar documentos de lectura fácil cuando se les proporcione cualquier información o para facilitar la presentación de la denuncia.
En cuanto a la Guía de buenas prácticas para la denuncia de los delitos de odio, recuerda que hechos de este tipo siempre pueden ser denunciados ante Policía Nacional o Guardia Civil en sus dependencias, a través de sus números de emergencia (091 y 062, respectivamente) o mediante ALERTCOPS, una aplicación de móvil gratuita que actúa como canal de comunicación con las Fuerzas de Seguridad para notificar hechos de manera rápida y discreta.
También es posible denunciar los hechos ante la Fiscalía territorial para los delitos de odio y contra la discriminación o bien en el Juzgado de Instrucción correspondiente.
Según precisa, las denuncias deben incluir todos los detalles posibles sobre la descripción del autor, incluidas vestimenta, símbolos añadidos o tatuajes, así como sus expresiones y comentarios.
También indica que es muy útil aportar parte médico en caso de lesiones; fotografías o vídeos si los hubiese; identidad de testigos y cualquier otra información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Ambos documentos recuerdan que toda víctima siempre tiene a su disposición las oficinas de asistencia, que cuentan con profesionales preparados para garantizarles la ayuda necesaria. En el caso de las personas con discapacidad, indica que además es posible la intervención del ‘facilitador’, un profesional vinculado a las organizaciones sociales del sector que favorece que el acceso a la justicia sea en condiciones óptimas de igualdad desde el primer contacto policial.
Las dos guías complementan el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, publicado en julio de 2020 por la Secretaría de Estado de Seguridad. Ese protocolo incluye directrices sobre cómo investigar los delitos de odio, cómo elaborar los atestados policiales, su posterior tramitación procesal así como la mejora del registro estadístico para obtener una visión lo más amplia y completa posible del fenómeno en España.
Las guías se han distribuido tanto a Policía Nacional y Guardia Civil como a otras instituciones con competencias en la protección de las víctimas, como es el caso del Ministerio de Justicia a través de sus oficinas de asistencia a las víctimas de delitos.
El texto centrado en la personas con discapacidad del desarrollo, también ha sido remitido a distintas organizaciones sociales que operan en el sector, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o Plena Inclusión.
