4Qué pasa si no está identificado: quién sanciona y con cuánto
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El Real Decreto 986/2026 no estrena sanciones: su artículo 8 se limita a remitir a los regímenes ya existentes. Para perros, gatos, hurones y aves dentro del ámbito de la Ley 7/2023, no cumplir las obligaciones de identificación es infracción grave (artículo 74) y se castiga con multa de 10.001 a 50.000 euros (artículo 76). La escala se completa con 500 a 10.000 euros para las leves —con apercibimiento posible— y de 50.001 a 200.000 para las muy graves, que la ley reserva a la manipulación o el uso fraudulento de la identificación. Quien responde es el titular del animal. La potestad sancionadora no es estatal: instruyen y resuelven ayuntamientos y comunidades autónomas según su reparto competencial, a partir de actas de la policía local, agentes forestales o servicios de protección animal, mientras el Ministerio de Derechos Sociales solo coordina el registro (SICERPA). El texto está en el BOE.
La norma también admite una segunda vía. Los animales que quedan fuera de la Ley 7/2023 —perros de caza, pastores y de guarda de ganado, perros de seguridad y rescate y animales de producción reconvertidos en mascotas— entran igualmente en el registro, pero sus incumplimientos se persiguen por la Ley 8/2003 de sanidad animal, con otro cuadro de infracciones y otra autoridad. En la práctica, la franja estatal no suele aplicarse en su tramo alto: los expedientes por falta de microchip resueltos en los últimos meses van de los 100 euros de una ordenanza vasca a los 975 euros notificados por el Ayuntamiento de Madrid con su ley de protección animal, y Ceuta impuso 500 euros por un gato sin chip detectado en la vía pública. La cifra depende de la norma invocada, pero la multa no evita lo esencial: regularizar la situación de un animal que, sin chip, no tiene titular localizable.
