El Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas económicas para tratar de contener el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán sobre los precios de la energía y, en particular, sobre los carburantes. El núcleo de la respuesta será una rebaja fiscal que afectará tanto a la gasolina y el diésel como a la luz y el gas, con el objetivo de amortiguar el encarecimiento de la energía y frenar una nueva espiral inflacionista.
Según ha adelantado la Cadena SER, el Ejecutivo reducirá el IVA de los combustibles del 21 % al 10 % dentro de este nuevo decreto de ayudas por el conflicto en Oriente Próximo. Se trata de un esquema similar al que ya se aplicó durante la invasión rusa de Ucrania, con rebajas impositivas y medidas de estímulo orientadas a evitar un repunte de la inflación ligado al shock energético.
Junto a la rebaja del IVA, el Gobierno incluirá también una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, con el propósito de abaratar el precio final que pagan los conductores en las estaciones de servicio. El cálculo que manejan en el Ejecutivo es que la combinación de ambas medidas se traduzca en una caída perceptible del coste por litro de gasolina y gasóleo en un contexto de fuerte tensión en los mercados internacionales de crudo.
No solo gasolina: habrá rebaja generalizada de la fiscalidad energética
El paquete no se limita a los carburantes. De acuerdo con las mismas informaciones, el Consejo de Ministros dará luz verde además a una reducción del IVA de la electricidad y el gas, que también pasará al 10 %. El Gobierno complementará esta rebaja con una disminución del impuesto especial sobre la electricidad y con la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, un tributo que grava a las compañías energéticas y que repercute, en última instancia, sobre el recibo de la luz.
La eliminación temporal del impuesto especial a la electricidad que pagan los consumidores ya se utilizó en 2022 como herramienta para abaratar la factura, y ahora se recupera ante la nueva crisis energética derivada de la ofensiva en Irán. La suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica persigue aliviar los costes del sistema eléctrico y evitar que el repunte de precios en los mercados mayoristas se traslade con toda su intensidad al usuario doméstico y a las empresas.
Moncloa presentará este paquete como una primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo y asume que, si la tensión geopolítica se prolonga, será necesario evaluar una prórroga o incluso un refuerzo de las medidas. El diseño del decreto busca, además, recabar el mayor consenso posible en el Congreso, después de que el Gobierno haya renunciado a sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y haya visto cómo otras iniciativas de escudo social chocaban con la mayoría de derechas de la Cámara.
En paralelo, continúa la negociación interna en la coalición y con los socios parlamentarios sobre la posible incorporación de nuevas disposiciones en materia de vivienda, en particular para frenar la escalada de los alquileres, un punto que Sumar y otros grupos vienen reclamando desde hace semanas.
Continúa la presión del PP
La decisión de rebajar el IVA de los combustibles llega después de varios días de presión por parte del Partido Popular, que ha recuperado el discurso que ya utilizó en 2022 para acusar al Ejecutivo de "hacer caja" con la subida de los carburantes. Alberto Núñez Feijóo venía reclamando una reducción de la fiscalidad sobre la gasolina y el diésel, al tratarse de un coste clave para el transporte de mercancías y para la movilidad de millones de trabajadores.
Desde el Gobierno se recuerda, sin embargo, que los ingresos por IVA se reparten al 50 % entre la Administración central y las comunidades autónomas, de manera que el esfuerzo fiscal derivado de la rebaja no recae únicamente en el Estado. La medida tiene, por tanto, implicaciones directas sobre las arcas autonómicas, en un momento en el que varias regiones gobernadas por el PP también han reclamado recursos adicionales para hacer frente a la inflación.
Las nuevas rebajas fiscales se suman a las ya aplicadas en ejercicios anteriores durante otras crisis energéticas, por lo que algunos expertos advierten del impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre la recaudación y la capacidad del Estado para financiar políticas públicas en el medio plazo. No obstante, el Ejecutivo defiende que la prioridad inmediata es evitar que el encarecimiento del petróleo y del gas por la guerra de Irán se traduzca en una pérdida acelerada de poder adquisitivo para hogares y empresas, con el consiguiente riesgo de freno en el crecimiento económico.
