El conflicto laboral de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid con la propia administración y la empresa pública Tragsa sigue sin resolverse, razón por la que los profesionales han decidido dar un paso más allá acerca de lo que vienen reclamando y denunciando desde hace meses.
Los bomberos han presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por graves incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en sus bases operativas. En concreto, el Comité de Seguridad y Salud del colectivo ha documentado deficiencias en 17 instalaciones repartidas por la región, de un total de 25, que consideran incompatibles con la normativa vigente y con la protección mínima de la salud de la plantilla.
La denuncia ha sido registrada en plena huelga indefinida que supera ya los 210 días, y sitúa el foco en las condiciones materiales de unas infraestructuras que los representantes de los trabajadores describen como "años de abandono y falta de inversión" en un servicio público considerado estratégico, sobre todo en una comunidad especialmente vulnerable a los incendios forestales.
Deficiencias estructurales y riesgo por agentes cancerígenos
Según la información que el Comité de Seguridad y Salud de los Bomberos Forestales ha compartido con el diario Qué!, las bases inspeccionadas no garantizan que los centros de trabajo sean zonas seguras ni que cumplan la legislación relativa a la separación de zonas limpias y sucias, un aspecto clave cuando se trata de posibles exposiciones a agentes cancerígenos derivados de la actividad profesional en incendios.
"Tenemos exposición a agentes cancerígenos y, para protegernos de este tipo de amenazas, en las bases tendríamos que tener un circuito de limpio y sucio, y ahora mismo no se cumple", explicaba en conversaciones con este diario Jesús Molina, bombero forestal y presidente del comité de trabajadores.
"Existen bases en las que los compañeros se tienen que cambiar cuando vienen de una intervención en el mismo sitio en el que comen. Te puedes imaginar la contaminación que existe con el tema este de cáncer. [...] Al final, cada vez que vamos a una intervención, compramos papeletas para la rifa del cáncer, y es importante que cuando lleguemos a base tengamos que descontaminarnos en buenas condiciones y no contaminar la base, cosa que ahora no ocurre porque no existe este circuito de limpio y sucio", cuenta.
En algunos centros, explican, la ropa de trabajo se lava en las mismas dependencias donde se preparan y consumen alimentos, sin una correcta sectorización, lo que incrementa el riesgo para la salud de los efectivos.
Además de ello, llevan casi un año denunciando que existen bases con 20 años de abandono en las que se han ido poniendo parches, con "algunas que se caen a trozos", según sus palabras. Apuntan a las dimensiones, al considerar que son lugares pequeños para instalaciones en las que hay 10 personas en invierno o 14 en verano. En este sentido, si en alguna de estas brigadas hay alguna mujer, también tienen dificultades para tener su espacio separado de los hombres.
Algunas se caen a trozos
Jesús Molina, bombero forestal y presidente del comité de trabajadores, sobre las bases
Las imágenes que nos han compartido muestran también deterioro estructural en edificios envejecidos y la existencia de cubiertas de uralita con amianto. Este material, catalogado como cancerígeno, está sometido a una estricta regulación en cuanto a su mantenimiento, retirada y gestión, debido al riesgo que supone la inhalación de sus fibras. La presencia de amianto en centros de trabajo, sin una intervención integral, se considera por los representantes sindicales un ejemplo especialmente grave del incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos.
El Comité recuerda que estas deficiencias no son nuevas y que han sido comunicadas reiteradamente tanto a la Comunidad de Madrid, titular de las instalaciones, como a Tragsa, empresa pública empleadora del colectivo. A juicio de los trabajadores, la falta de medidas estructurales eficaces después de años de advertencias convierte la situación en "inaceptable" en el contexto de 2026 y de la evidencia acumulada sobre los riesgos de exposición a sustancias cancerígenas en profesiones de emergencias, donde la normativa europea y estatal ha ido reforzando sus exigencias en los últimos años.
La denuncia presentada ante Inspección de Trabajo cita de forma expresa el incumplimiento de tres normas básicas de prevención de riesgos laborales que desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España.
En primer lugar, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Esta norma regula aspectos como las condiciones estructurales de los edificios, la ventilación, la iluminación, la salubridad o los espacios mínimos, que, según el Comité, no se estarían respetando en una parte significativa de las bases operativas.
En segundo término, el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en concreto sus artículos 3, 4, 5 y 6, relativos a la organización de la actividad preventiva, la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid sostienen que no se ha garantizado una evaluación adecuada de los riesgos específicos derivados de su trabajo ni una planificación que corrija las deficiencias detectadas.
Por último, invocan el Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos. La falta de separación entre ropa contaminada y zonas limpias, la posible presencia de partículas derivadas de incendios en espacios donde se cocina y come, y la existencia de cubiertas con amianto se consideran elementos que vulneran el espíritu y la letra de esta norma, que obliga a minimizar la exposición y a adoptar medidas técnicas y organizativas estrictas.
El Comité ha anunciado que continuará revisando las ocho bases restantes y que las irregularidades que se identifiquen serán igualmente documentadas y trasladadas a la Inspección de Trabajo en los próximos días, lo que podría ampliar el alcance de la investigación administrativa sobre las condiciones de trabajo del dispositivo de bomberos forestales madrileño.
Una huelga indefinida que supera los 210 días
Con todo, hay que recordar que, como hemos mencionado, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid llevan más de 210 días en huelga indefinida, una de las más largas en el sector público en la región, con un calendario de movilizaciones que ha coincidido con varias campañas de alto riesgo de incendios. El pasado mes de diciembre volvieron a protestar en una manifestación que terminó con cargas policiales, dos detenidos y diez heridos.
Entre las reivindicaciones se encuentra precisamente la mejora general de las condiciones laborales y la adecuación integral de sus lugares de trabajo, así como un nuevo convenio colectivo que termine con el actual, el cual lleva activo desde 2008 y consideran obsoleto. El estado de las infraestructuras, las dotaciones materiales, la estabilidad en el empleo y el reconocimiento profesional del colectivo forman parte de una plataforma reivindicativa que los trabajadores consideran no atendida por la administración autonómica y por Tragsa.
El modelo de gestión y la falta de inversión generan un dispositivo imprescindible sobre el terreno pero olvidado en los despachos", nos dicen. Aseguran que la Comunidad de Madrid y a la empresa pública "asumirán la responsabilidad política y legal de cualquier consecuencia derivada de estas condiciones".
Para la representación de la plantilla, la prolongación de la huelga sin respuestas estructurales sólidas por parte de ambos entes supone una dejación de funciones que no solo tiene implicaciones laborales, sino que se traduce en un riesgo real para la salud presente y futura de quienes componen el servicio. Exigen, ante todo, una intervención inmediata, aunque no la esperan a corto plazo visto el tiempo que llevan con sus reivindicaciones.
