¿De verdad el salario mínimo en España está ya al nivel de Europa? ¿O estamos celebrando una subida que, en realidad, nos mantiene todavía por detrás de los estándares que marca la propia Carta Social Europea? La cifra suena bien, 1.221 euros al mes en 14 pagas. Pero cuando rascas un poco, el debate cambia.
El Gobierno ha vuelto a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026. La foto en La Moncloa fue potente, con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz reivindicando una subida acumulada del 66% desde 2018. Sin embargo, sindicatos como Unión General de Trabajadores insisten en que seguimos lejos de lo que exige la Carta Social Europea.
Y ahí está la clave, el famoso 60%. Porque cumplir ese porcentaje no es una cuestión simbólica. Es la diferencia entre un salario de mera supervivencia y uno que realmente garantice una vida digna.
El 60% que lo cambia todo
La Carta Social Europea establece que el salario mínimo debería situarse en torno al 60% del salario medio neto para considerarse suficiente. En España, el Ejecutivo defiende que el actual SMI se aproxima a ese umbral. Pero los sindicatos discrepan abiertamente y ponen cifras sobre la mesa: para cumplirlo de forma estricta, el SMI debería alcanzar los 1.444 euros mensuales.
La diferencia no es menor. Hablamos de más de 220 euros al mes respecto a los 1.221 euros actuales. Pepe Álvarez, líder de UGT, lo ha repetido estos días, aceptar la subida no significa renunciar a seguir presionando. En los foros económicos y en redes sociales, muchos trabajadores coinciden en que el incremento ayuda, pero no compensa el encarecimiento de la vivienda ni de la cesta de la compra.
Un modelo de cálculo que nos hace “diferentes”
España no solo discute la cuantía, sino el método. A diferencia de otros países europeos que usan como referencia el salario mediano bruto, aquí se ha optado por vincular el SMI al 60% del salario medio neto. Ese matiz técnico tiene consecuencias prácticas, el punto de partida cambia y también la percepción de si estamos o no alineados con Europa.
Si miramos las cifras oficiales comparadas por Eurostat, España es el séptimo país de la Unión Europea con mayor salario mínimo en términos nominales. Pero cuando se ajusta por poder adquisitivo, el panorama se mueve. Alemania adelanta a Luxemburgo y España pierde posiciones. Es decir, no basta con comparar cifras en euros; importa cuánto rinden realmente en cada país.
¿Subir más o proteger el empleo?
Aquí es donde el debate se vuelve más político y más incómodo. La patronal, con la CEOE al frente, alerta del impacto en sectores como la hostelería, el comercio o el campo. Argumentan que las pequeñas empresas y los autónomos no pueden absorber más costes sin consecuencias en el empleo.
Desde el Gobierno y los sindicatos la respuesta es clara: los beneficios empresariales han crecido y el empleo no se ha destruido pese a las subidas anteriores. Además, recuerdan que el SMI está exento de IRPF tras la última decisión del Ejecutivo, lo que refuerza el ingreso neto de quienes lo perciben. En la calle, la sensación es ambivalente: quienes cobran el mínimo celebran cada euro extra, pero también sienten que la vivienda se come buena parte de esa mejora.
La discusión, en el fondo, no es solo económica. Es una cuestión de modelo social. ¿Queremos que el salario mínimo garantice simplemente no caer en la pobreza o que permita vivir con cierta dignidad? La Carta Social Europea habla de “nivel de vida decoroso”. Esa expresión debería ser el centro del debate.
España ha avanzado mucho en los últimos años. Eso es innegable. Pero si el objetivo es alinearnos plenamente con los estándares europeos, el listón aún está más arriba. Tal vez la pregunta no sea si podemos permitirnos llegar a 1.444 euros, sino si podemos permitirnos no hacerlo.
Si este tema te afecta (y afecta a millones de personas) merece la pena seguirlo de cerca, debatirlo y compartirlo. Porque el salario mínimo no es solo una cifra en el BOE, es el suelo sobre el que se construye la vida de quienes sostienen la economía cada día.
