Pedro Sánchez recienteme ha vuelto a rocar el tema de la verificación de la edad de los usuarios psra poder acceder a las redes sociales. ¿De verdad se puede impedir que un menor entre en TikTok o Instagram? ¿O estamos ante otro anuncio bienintencionado que chocará con la realidad tecnológica? Desde que Pedro Sánchez anunció el veto a las redes sociales para menores de 16 años, la pregunta se repite en casas, colegios y redes… de adultos.
España no llega sola ni tarde a este debate. La preocupación por el impacto de los algoritmos en niños y adolescentes lleva tiempo creciendo, y los datos (uso excesivo, problemas de sueño, ansiedad, contacto con desconocidos) han terminado por empujar a los gobiernos a actuar. Lo llamativo es que ahora el foco ya no está en los padres, sino en las propias plataformas.
En las últimas horas, el anuncio ha provocado una reacción inmediata, aplausos de muchas familias, dudas técnicas entre expertos y bastante escepticismo entre jóvenes. “Se lo van a saltar igual”, es probablemente la frase más repetida. Pero otros países ya lo están intentando… y algunos con mano mucho más dura.
Australia abrió el camino (y puso multas de verdad)
Australia fue el primer país en cruzar una línea que hasta hace poco parecía impensable, prohibir directamente el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Nada de recomendaciones ni controles parentales opcionales. Allí, la ley obliga a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube a verificar la edad real del usuario antes de permitirle crear una cuenta.
La clave está en a quién se señala como responsable. En el modelo australiano, si un menor se cuela, la culpa no es del niño ni de la familia, sino de la empresa. Y eso cambia todo. Las multas pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos, lo que ha provocado movimientos inmediatos: Meta ha eliminado cientos de miles de cuentas y ha reforzado sus sistemas de control.
La reacción social ha sido intensa. Mientras asociaciones de padres celebran la medida, algunas organizaciones juveniles la consideran excesiva. Aun así, el consenso político ha sido amplio y otros países han empezado a mirar a Australia como un laboratorio incómodo… pero efectivo.
Francia, Reino Unido y Europa: el modelo intermedio
Francia ha sido el primer país de la UE en legislar una prohibición clara, aunque con matices. Allí el límite se sitúa en los 15 años y la norma impide crear nuevas cuentas, además de obligar a cerrar las existentes a finales de 2026. No es inmediato, pero sí un aviso serio a las plataformas.
Reino Unido avanza por un camino similar, combinando verificación de edad con restricciones a contenidos dañinos. Ya ha obligado a implantar sistemas de control para acceder a pornografía y ahora debate ampliar ese modelo a las redes sociales. En paralelo, la Unión Europea presiona con la Ley de Servicios Digitales y amenaza con sanciones personales a directivos si no protegen a los menores.
La reacción ciudadana en Europa es más ambivalente. Hay preocupación real, pero también miedo a que la solución pase por más vigilancia digital. El debate ya no es solo si hay que proteger a los menores, sino cómo hacerlo sin crear un sistema intrusivo que afecte también a los adultos.
España quiere ir más lejos… pero el reto es técnico
El anuncio del Gobierno español apunta alto. Prohibición para menores de 16 años, verificación “real” y no simples casillas, y responsabilidad legal para las plataformas y sus directivos. Sobre el papel, es uno de los planteamientos más ambiciosos de Europa.
El problema es el cómo. A día de hoy no existe en España un sistema plenamente operativo para verificar la edad online sin ceder datos sensibles. MiDNI aún no está preparado, la cartera digital europea sigue en pruebas y las alternativas privadas generan recelos por privacidad. Esa es la gran duda que circula entre expertos y usuarios.
En redes, muchos padres celebran el paso, aunque reconocen que llegará tarde para sus hijos. Otros temen que, sin una solución técnica sólida, todo quede en titulares. España quiere ir más lejos que otros países, sí. Ahora falta saber si también está preparada para sostenerlo en el tiempo.
Proteger a los menores en Internet ya no es un debate futurista, es una urgencia política y social. La pregunta no es si las redes deben cambiar, sino quién asume el coste de hacerlo.
