La tasa de basuras en España ya no se limita únicamente a la vivienda habitual tras la aplicación de la nueva normativa estatal. Desde este 2026, el cobro del servicio de recogida y tratamiento de residuos se extiende ahora a las plazas de garaje, un movimiento por parte de ciertos ayuntamientos que busca cubrir el coste total de la gestión de residuos bajo la directiva europea. Esta medida eleva el recibo medio anual hasta los 116 euros por hogar, lo que representa el incremento más notable de la presión fiscal municipal en los últimos diez años.
La clave de este cobro adicional reside en la organización administrativa de cada inmueble. Si la plaza de garaje cuenta con un número de registro diferente al de la vivienda principal, la administración la considera una propiedad independiente a efectos fiscales. Así, esta diferencia obliga al poseedor a costear la tasa de basuras por duplicado: un recibo por el domicilio y otro por el espacio del garaje, independientemente de que este último no genere residuos de forma directa.
El criterio aplicado para este 'tasazo' se basa en la titularidad de los bienes que figuran en el Catastro. La clave está en la Ley 7/2022, que vincula el pago a la simple existencia de una propiedad urbana. Al figurar como fincas independientes, los garajes quedan sujetos al cobro de forma automática. Esta medida impacta con más fuerza en los edificios modernos, donde la norma es que cada plaza de garaje esté registrada por separado y no como parte de la vivienda.
Ahora bien. En los casos en los que el aparcamiento figura dentro de la misma referencia catastral que la vivienda, el dueño no verá un recibo extra, pero sí un aumento en el importe total de la tasa de basuras de su domicilio.
Al incrementarse el valor del inmueble por incluir un anexo, el cálculo de la tasa (que a menudo se basa en el valor catastral o en el consumo de agua) sube proporcionalmente. Municipios como Castelldefels ya han marcado el camino con importes que rondan los 140 euros anuales, una cifra que sirve de referencia para muchas otras localidades que están activando el impuesto este año.
Si la plaza de garaje tiene una referencia catastral distinta a la de la casa, el propietario recibirá un recibo de basuras independiente
APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES Y GARAJES DE USO INDUSTRIAL
La normativa no solo afecta al uso residencial. Las plazas con uso catastral industrial y los aparcamientos para residentes (PAR) están sujetos al pago obligatorio sin excepciones.
En estas situaciones, el responsable del abono es el propietario del inmueble, aunque en el mercado del alquiler se está viendo una tendencia a trasladar este coste al inquilino si el contrato así lo permite. Este encarecimiento de los costes de mantenimiento está obligando a los inversores a revisar la rentabilidad de estos activos, que hasta ahora se consideraban una inversión de bajo coste operativo.
Con todo, la aplicación del tributo busca cumplir con las exigencias de sostenibilidad y reciclaje. El objetivo de los ayuntamientos es que el servicio de recogida de basura no sea deficitario, trasladando el gasto íntegro a los ciudadanos. Al incluir los garajes, la administración asegura que ninguna unidad inmobiliaria quede fuera del sistema contributivo, independientemente de la cantidad de residuos que genere la que pueda ser una plaza de aparcamiento vacía.
LA TRAMPA DE POSEER VARIAS PLAZAS DE GARAJE INDEPENDIENTES
Para los pequeños ahorradores, la nueva estructura del impuesto supone un revés importante. Poseer dos plazas de garaje con referencias distintas implica el pago de dos tasas. Especialistas del sector inmobiliario advierten de que este coste fijo extra puede convertir la propiedad de plazas independientes en un gasto difícil de asumir en ciudades con una presión fiscal alta. La normativa se apoya en el principio de responsabilidad fiscal, la de que cada inmueble registrado debe contribuir al sostenimiento del sistema de residuos, asumiendo que cualquier propiedad urbana dispone del servicio de recogida y tratamiento a su alcance.
La implantación de la tasa es progresiva, pero la tendencia es imparable en todo el territorio nacional. Los municipios están obligados por ley a que la tasa cubra el 100% del servicio, lo que elimina la posibilidad de que los ayuntamientos subvencionen el coste con otros presupuestos. Esto garantiza que el 'tasazo' de basuras se convierta en un fijo en la economía doméstica de cualquier persona que posea un techo bajo el cual aparcar su vehículo.
