En los últimos años, las aulas se ha convertido para muchos profesores en un entorno crecientemente hostil. Lejos de ser una percepción aislada, los datos empiezan a dibujar un panorama preocupante en los centros educativos españoles. Al menos esa conclusión sacamos del macroestudio estatal de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs‑i), presentado este 2026 y basado en 13.213 encuestas a profesorado de la red pública no universitaria de todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
El estudio señala que un 83,15 % del profesorado percibe un incremento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas por parte del alumnado. El diagnóstico coincide con la preocupación que ya venían manifestando asociaciones profesionales y sindicatos. Sin ir más lejos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) viene alertando desde hace años de un aumento de los conflictos y de las situaciones de acoso y violencia hacia docentes en todas las etapas, desde Primaria hasta Bachillerato y Formación Profesional.
Aunque las cifras oficiales de los departamentos autonómicos de Educación no siempre son homogéneas ni completas, las organizaciones de profesores insisten en que existe un buen puñado de casos que no se denuncian por miedo, por desgaste o por la sensación de que "no servirá de nada".
Las cifras de STEs‑i nos deja también que un 82,62 % del profesorado define el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado. En territorios como Extremadura (90,48 %), Ceuta (87,04 %) o Canarias (87,52 %), esta percepción se dispara. Hay que puntualizar que no solo hablamos de violencia física, sino de una escalada de faltas de respeto, amenazas, descalificaciones y desafíos constantes a la autoridad que muchos docentes describen ya como normalizados.
Las agresiones a profesores van más allá del aula
Lo más llamativo de todo es que el profesorado no solo tiene que aguantar situaciones complicadas dentro de clase con insultos reiterados, gritos, empujones o lanzamiento de objetos. Fuera del centro, se denuncian episodios de violencia más grave y acoso prolongado a través de redes sociales.
Pero el grueso del problema tiene que ver, desde luego, con un aumento evidente de las agresiones verbales, que en algunos casos derivan en episodios físicos y que se producen cada vez con más frecuencia. La situación resulta especialmente significativa en comunidades como Navarra, donde el 95,65 % del profesorado afirma percibir ese incremento, además de Ceuta (92,59 %), Extremadura (90,48 %) y Cataluña (85 %).
Los profesores apuntan directamente al entorno familiar, ya que tres de cada cuatro considera que existen actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias, lo que contribuye a elevar la tensión diaria en los centros. Esta percepción es prácticamente unánime en Euskadi, donde llega al 95 %, y muy elevada también en Ceuta (83,33 %). Los sindicatos relatan situaciones que van desde padres que increpan al profesorado a las puertas del centro hasta campañas de descrédito en grupos de mensajería o redes sociales cuando no comparten una decisión académica y/o disciplinaria.
Los profesores señalan a las familias, con padres que increpan a los docentes o descrédito en grupos de mensajería
Las organizaciones docentes vienen reclamando desde hace tiempo que las administraciones autonómicas refuercen los protocolos de convivencia, mejoren los sistemas de notificación y protección al profesorado y doten a los equipos directivos de mayor respaldo efectivo. STEs‑i denuncia que, en muchos casos, cuando el docente pide ayuda, "se le cuestiona en lugar de protegerle", y subraya que el 85,83 % del profesorado considera que la Administración no les protege los suficientemente ante los problemas de convivencia.
"Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales. [...] La normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales, comentan desde el sindicato haciendo énfasis en el aumento de las bajas laborales vinculadas al estrés, la ansiedad y los trastornos relacionados con un entorno de trabajo que muchos describen como permanentemente crispado.
En línea similar, informes recientes de servicios de prevención de riesgos laborales y mutuas apuntan a un crecimiento de las consultas de docentes por sintomatología asociada al denominado 'burnout' y a la exposición continuada a situaciones de conflicto.
Ratios, burocracia y desvalorización, el caldo de cultivo
Pero el propio macroestudio del STEs‑i no olvida el peso de los factores estructurales. Un 91,83 % del profesorado sostiene que las ratios actuales no permiten una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, con necesidades educativas, sociales y emocionales más complejas. En comunidades como Euskadi, el desacuerdo con las ratios es del 100 %, y roza la unanimidad en Cataluña (97,5 %) y Madrid (95,41 %).
Los especialistas en convivencia escolar coinciden en que las aulas masificadas, unidas a la falta de apoyos suficientes (orientadores, personal de apoyo, especialistas en atención a la diversidad...), dificultan la prevención y la gestión de los conflictos.
A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que, según la gran mayoría de los docentes encuestados, está "vaciando de contenido" la tarea pedagógica. Informes, memorias, plataformas digitales, documentación interna y externa… las horas dedicadas a papeleo restan tiempo a la preparación de clases, la coordinación con el equipo docente o la atención a alumnado con más dificultades. "La burocracia está devorando el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado que más lo necesita", explican.
Asimismo, prácticamente la mitad del profesorado considera que las familias no valoran su trabajo, y casi nueve de cada diez docentes estiman que su salario no se corresponde con sus responsabilidades. El sindicato sitúa por encima del 20 % la pérdida de poder adquisitivo acumulada en las últimas décadas, y solo un 56,60 % de los docentes define hoy su trabajo como digno.
Este cóctel de factores tiene como resultado un contexto idóneo para que aumenten las tensiones en el aula. Los sindicatos y asociaciones profesionales coinciden en que el problema exige una respuesta integral, reclaman la reducción de ratios, más recursos humanos especializados, planes de convivencia robustos y evaluados, protocolos claros de protección al profesorado y campañas públicas que contribuyan a recuperar el prestigio social de la docencia.
También piden a las administraciones educativas que escuchen de manera sistemática a los docentes y que se apoyen en estudios como el que hemos mencionado para diseñar políticas que vayan más allá de declaraciones puntuales tras casos especialmente mediáticos.
