Hace ya prácticamente dos años que la maquinaria legal de LaLiga, bajo el mandato de Javier Tebas, activó un mecanismo avalado inicialmente por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona. Esta medida obligó a las principales operadoras del país, incluyendo a Telefónica, Vodafone y Orange, a ejecutar bloqueos en tiempo real sobre servidores sospechosos de emitir fútbol de forma ilícita. Sin embargo, el alcance de esta orden judicial fue mucho más allá del simple bloqueo como tal.
La justicia permitió que LaLiga accediera a ficheros privados de las operadoras, obteniendo datos personales de los usuarios como el DNI, la dirección postal de facturación y la dirección IP.
Esta recopilación de información privada, justificada en la lucha contra las IPTV piratas, generó una alarma inmediata. La clave está en saber si proteger un negocio justifica invadir la privacidad de la gente. Muchos expertos en ciberseguridad critican esta medida y la ven como una vigilancia sin límites que afecta directamente a la vida privada de los usuarios.
Uno de los momentos más polémicos ocurrió en marzo de 2025, cuando la web de la Real Academia Española (RAE) dejó de funcionar durante una jornada de liga. El motivo fue que el sitio compartía servidor en Cloudflare. Al bloquear una dirección asociada a una lista pirata, el sistema de Javier Tebas arrastró por error a servicios esenciales que no tenían nada que ver con el fútbol.
LOS ERRORES DE JAVIER TEBAS Y LA CAIDA DE SERVICIOS COMO LA RAE, DISCORD O TWITCH
Esta situación se ha repetido con otras plataformas fundamentales para el día a día digital. Twitch, la plataforma de vídeos de Amazon, sufrió bloqueos parciales que impidieron a miles de usuarios ver a sus creadores favoritos durante los partidos. También Discord experimentó cortes en sus servidores y fallos al cargar imágenes por culpa del filtrado de direcciones compartidas, afectando a comunidades de ocio y trabajo por igual. Incluso GitHub, el portal de referencia para programadores en todo el mundo, ha visto cómo se bloqueaban sus redes de distribución de contenido.
A pesar de estos fallos, el presidente de la patronal mantuvo su postura e incluso sugirió acciones legales contra quienes compartieran servidores con los infractores. Especialistas de RootedCON explican que esta visión no tiene base técnica, ya que compartir infraestructura es algo habitual y eficiente en internet. Al realizarse los bloqueos mediante reportes manuales cada semana, el riesgo de error humano es muy alto y acaba perjudicando a ciudadanos que solo intentan navegar libremente.
La justicia permitió que la patronal accediera a datos personales como el DNI y la IP de los usuarios para combatir las IPTV
LA JUSTICIA EUROPEA DECIDIRÁ SI LOS BLOQUEOS DE LALIGA SON LEGALES TRAS EL RECURSO AL TC
Ante la falta de soluciones en los juzgados ordinarios, la red de hackers éticos RootedCON y la organización HackBCN han agotado las vías nacionales mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ha pasado un año desde su presentación y la resolución de este organismo será determinante. Si el TC no ofrece una solución efectiva que limite la capacidad de actuación de LaLiga, los colectivos de ciberseguridad han confirmado que no descartan acudir a instancias europeas.
Desde HackBCN aseguran que ninguna organización, pública o privada, debería tener la potestad de decidir unilateralmente qué servicios son perjudiciales para el usuario, especialmente cuando esa decisión implica sacrificar la libre circulación por Internet.
El plan legal ahora consiste en registrar cada error de forma detallada para acumular pruebas digitales. Si el Constitucional da la razón al fútbol, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que decidir si estas restricciones son legales en Europa
Mientras se espera la sentencia firme, las organizaciones técnico-legales han habilitado formularios para que cualquier particular u organización afectada por los bloqueos de LaLiga pueda recibir asesoramiento. El consejo principal para aquellos que decidan denunciar es conservar todas las pruebas digitales del bloqueo en el momento en que ocurre, ya que sin una traza técnica clara es imposible demostrar la afectación ante un juez.
La sensación en el sector es que se está preparando el terreno para un aluvión de demandas colectivas. La "vulneración del derecho a usar la red de forma no restrictiva" es el argumento central. Según los expertos consultados, Javier Tebas y su equipo conocen perfectamente las implicaciones técnicas de sus actuaciones, pero priorizan la eficacia contra la piratería sobre la integridad del ecosistema digital. El desenlace de este conflicto marcará un antes y un después en la jurisprudencia sobre el control de Internet en Europa, definiendo hasta dónde pueden llegar las entidades privadas en su defensa de los derechos de autor.
