¿Puede un país reducir su cifra oficial de paro… y aun así disparar el gasto en prestaciones? Suena raro, pero está ocurriendo. Mientras las estadísticas del SEPE y otros organismos oficiales celebran mínimos que no veíamos desde antes de la crisis financiera, la factura social crece como si estuviéramos en plena recesión. Y, claro, esto abre una pregunta incómoda, ¿estamos mejor o nos lo parece?
El mercado laboral español vive una especie de doble realidad. Por un lado, titulares optimistas, ruedas de prensa y un discurso triunfalista que asegura que todo va por el buen camino. Por otro, las cifras del SEPE mostrando que cada vez más personas dependen de subsidios asistenciales porque no han cotizado lo suficiente o llevan demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Dos relatos que chocan, aunque compartan los mismos datos de base.
Y en mitad de esa contradicción, una sensación muy extendida, que el empleo mejora en el papel, pero no en la vida real. Que hay más contratos, sí, pero también más temporales, más parciales, más discontinuos y más personas que, al perder su trabajo, descubren que no tienen derecho a la prestación contributiva. De ahí nace la paradoja que hoy analizamos.
Menos paro, pero más gente dependiendo de subsidios
El mercado laboral presume de haber reducido el número de desempleados hasta niveles previos a 2008, pero cuando miramos quién cobra qué, la foto cambia completamente. Casi la mitad de quienes están recibiendo una ayuda del SEPE no acceden a la prestación contributiva, sino al subsidio, que es mucho más bajo y revela trayectorias laborales intermitentes. El dato ha ido escalando año tras año hasta rozar el 50%, cuando antes de la pandemia estaba por debajo del 39%. En términos simples, trabajamos más, pero cotizamos menos.
La causa está en la calidad de los contratos que se firman. Aunque oficialmente hay más indefinidos, una parte enorme se encuadra en figuras que funcionan como temporales encubiertos, fijos discontinuos, parciales o con una rotación altísima. Esto hace que, cuando llega un despido, muchas personas no alcancen los 360 días necesarios para recibir la prestación contributiva. El resultado es un sistema donde se reduce el paro, pero aumenta la precariedad… y eso obliga al SEPE a pagar más ayudas aunque haya menos demandantes registrados.
Un gasto que no deja de subir: la factura social se dispara
El gasto en prestaciones por desempleo sube a un ritmo inesperado para una economía que, supuestamente, se está recuperando. En varios meses consecutivos, el incremento interanual supera el 6%, incluso cuando el número de parados baja. Esto significa que quienes cobran ayudas lo hacen durante más tiempo, con más cobertura o en modalidades más costosas para el sistema. No encaja del todo con la narrativa optimista, pero los datos son tozudos.
Además, hay un fenómeno silencioso pero clave, el envejecimiento del paro. Los mayores de 60 años ya son el grupo que más subsidios recibe, y muchos cobran la ayuda de mayores de 52 hasta la edad de jubilación. Son personas que llevan años sin poder reincorporarse al mercado laboral y que han agotado las prestaciones contributivas. Este cambio demográfico hace que, aunque haya menos parados, mantenerlos protegidos cueste más. No porque abusen del sistema, sino porque nadie les da una segunda oportunidad laboral.
Precariedad estructural: el punto que explica toda la paradoja
La clave de esta contradicción está en la estructura del empleo. España sigue basando buena parte de su actividad en sectores donde la temporalidad y la estacionalidad marcan el ritmo. Eso genera un mercado laboral que parece moverse, pero que en realidad gira en círculos, muchas entradas, muchas salidas y una masa constante de personas que, al caer, no tienen suficiente colchón de cotización. Al final, el SEPE termina pagando más para sostener un sistema que no consigue estabilizar a quienes trabajan.
Y aquí aparece otra cuestión importante, el aumento de los fijos discontinuos. Esta figura mantiene a miles de personas registradas como “no paradas” aunque lleven meses sin trabajar. No cotizan como desempleados, pero sí aparecen cobrando prestaciones. Esto explica por qué la curva del paro baja mientras la factura del SEPE sube. No es magia estadística, es el reflejo de un modelo laboral que necesita reformas más profundas que las que aparecen en los titulares.
Conclusión: una mejora aparente que no cambia lo esencial
La paradoja del SEPE nos deja una verdad incómoda, podemos celebrar menos paro (como venimos haciendo desde un par de años), pero si la calidad del empleo no mejora, la precariedad seguirá creciendo por debajo del radar. El país avanza en cifras, pero no siempre en estabilidad, en derechos o en oportunidades. Y mientras no resolvamos ese desequilibrio, seguiremos viendo gráficos que bajan hacia un lado y presupuestos que suben por el otro.
Quizá lo más urgente no sea presumir de estadísticas, sino preguntarnos qué tipo de empleo estamos construyendo y hacia dónde queremos ir. Porque esta paradoja no se resolverá sola. Y entenderla es el primer paso para que los datos empiecen a contar una historia diferente.
