El Govern de Catalunya ha decidido dar un paso más en la llamada «guerra del taxi» con la tramitación de una nueva ley que, de aprobarse, reducirá de forma drástica la actividad de las VTC en el área metropolitana de Barcelona. La norma prevé que plataformas como Uber, Bolt y Cabify no puedan operar en trayectos urbanos y se limiten únicamente a servicios interurbanos, lo que en la práctica supondría su desaparición en la capital catalana.
Desde el sector de las VTC, la respuesta no se ha hecho esperar; patronal y sindicatos anuncian una ofensiva judicial al considerar que se trata de un ataque directo a miles de empleos. Los representantes del sector denuncian que el texto legislativo se ha elaborado de espaldas a las VTC y únicamente en beneficio del taxi, al que consideran el gran favorecido de la medida.
La patronal Unauto y el Sindicato Libre de Transporte aseguran que, de salir adelante, entre 4.000 y 6.000 personas podrían quedarse sin trabajo, muchas de ellas con serias dificultades de inserción laboral. Además, advierten que no solo está en juego el sustento de miles de familias, sino también un modelo de movilidad que, según defienden, ha sido adoptado por los ciudadanos en los últimos años. Con este panorama, el conflicto entre taxis y VTC amenaza con recrudecerse tanto en los tribunales como en las calles de Barcelona.
“No nos vamos a dejar matar”: la indignación del sector VTC ante la ley del taxi anunciada por el gobierno de Barcelona
El anuncio del Govern catalán de una nueva Ley del Taxi ha encendido todas las alarmas en el sector VTC. Desde Unauto, la patronal que agrupa a empresas como Uber, Bolt y Cabify, su presidente, José María Berzal, ha respondido con contundencia: “No nos vamos a dejar matar”, “No permitiremos este atropello”. El sector denuncia que la normativa pretende expulsar de manera encubierta a los vehículos de transporte con conductor del área urbana, limitando de facto su actividad y dejando a miles de usuarios sin alternativa de movilidad.
Las VTC defienden desde el principio que no buscan enfrentarse al taxi, sino coexistir bajo un marco normativo justo que permita a los ciudadanos elegir cómo moverse, y no con un reglamento que favorece a un solo sector, en este caso al sector del taxi. Argumentan que las restricciones impuestas en Cataluña no responden a la realidad de la demanda, sino a presiones corporativas, y advierten de que cualquier decisión política que excluya sus servicios supondrá un retroceso en materia de competencia y libertad de elección para los usuarios.
El impacto económico y laboral: hasta 6.000 empleos en riesgo si la normativa prohíbe los servicios urbanos de Uber, Bolt y Cabify
El debate sobre la nueva ley no es solo una cuestión de movilidad, sino también de empleo. Según cálculos del propio sector, en Cataluña hay cerca de 6.000 puestos de trabajo vinculados a los servicios de VTC que quedarían en riesgo si se prohíbe la prestación en trayectos urbanos. Conductores, gestores de flotas y personal administrativo dependen de una actividad que, aseguran, da respuesta a un nicho de mercado que el taxi no cubre en su totalidad.
Además del empleo directo, la actividad de Uber, Bolt y Cabify genera un importante impacto indirecto en talleres, aseguradoras, empresas de renting y compañías tecnológicas, vamos que estamos hablando de toda una cadena de productos y servicios aguas abajo. Los representantes del sector alertan de que el cierre de esta vía de negocio no solo dejaría a miles de familias sin ingresos, sino que también restaría competitividad a Cataluña frente a otras comunidades autónomas que apuestan por un modelo de movilidad más abierto y diversificado.
Alternativas que proponen las VTC: flotas ECO, viajes compartidos y eliminación de trabas al servicio bajo demanda
Frente a las acusaciones de competencia desleal y saturación del tráfico, las compañías de VTC plantean alternativas para garantizar su permanencia en el mercado, el plan desde el principio siempre ha sido lograr la coexistencia, no imponerse como están haciendo ahora mismo el sector de los taxistas. Entre las medidas propuestas, destacan la transición hacia flotas 100 % ECO o de bajas emisiones, el fomento del uso compartido de vehículos y una regulación que prime la eficiencia en lugar de la prohibición. Con estos cambios, aseguran, podrían contribuir tanto a la sostenibilidad ambiental como a una movilidad más accesible.
Las empresas del sector también insisten en la necesidad de eliminar trabas burocráticas, (al parecer el malo de la historia), que encarecen y ralentizan la prestación del servicio. Proponen que el Govern articule un sistema de licencias flexible y transparente, que reconozca el papel de los VTC en la nueva movilidad urbana. Según defienden, la solución no pasa por excluirlos, tal y como se propone ahora mismo en el proyecto de ley, sino por integrarlos en un modelo en el que taxi y VTC puedan convivir de forma complementaria, beneficiando a los usuarios y a la economía en su conjunto.
