A partir de 2026, la relación de los contribuyentes con Hacienda vivirá una transformación sin precedentes. La Agencia Tributaria implantará Verifactu, un sistema informático que obligará a empresas y autónomos a emitir facturas electrónicas verificables en tiempo real. Desde el próximo 1 de enero para las sociedades y desde el 1 de julio para los trabajadores por cuenta propia, cada operación comercial (desde la compra de un coche hasta un simple desayuno en una cafetería) quedará registrada digitalmente y podrá enviarse de manera automática al fisco.
Con ello, Hacienda busca reducir el fraude fiscal, agilizar inspecciones y poner fin a la doble contabilidad que todavía persiste en parte del tejido empresarial. Este nuevo control tributario supone un cambio estructural; las facturas en Word, Excel o PDF desaparecerán y cada documento tendrá que incluir un código QR único y la leyenda Verifactu, además de conservarse durante un mínimo de cinco años en formato electrónico.
La normativa prevé sanciones de hasta 50.000 euros para quienes no utilicen un software homologado y de hasta 150.000 para los proveedores tecnológicos que incumplan los estándares. España se suma así a la tendencia europea, siguiendo los pasos de países como Portugal, donde este modelo ya funciona, y avanza hacia una fiscalidad digital en la que ni un solo ticket escapará al control de la Administración.
Verifactu: el sistema con el que Hacienda controlará cada factura en tiempo real
El nuevo sistema Verifactu permitirá a la Agencia Tributaria recibir un registro inmediato de cada factura emitida en España, con el objetivo de garantizar su autenticidad y evitar manipulaciones posteriores. Todas las facturas deberán generarse en formato electrónico, incluir un código QR único y la leyenda “Verifactu”, además de conservarse de manera digital durante al menos cinco años. Vamos que Hacienda lo tiene bien pensando y montado además, porque el sistema entrará en vigor a partir del 2026.
Este mecanismo busca mejorar la trazabilidad de las operaciones y cerrar la puerta a la facturación en B que todavía se mantiene en determinados sectores. La digitalización será obligatoria para todos los contribuyentes que emitan facturas, desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios de hostelería o autónomos con actividades locales.
El sistema podrá funcionar en dos modalidades; con envío automático a Hacienda en el momento de la emisión, o en modo diferido, manteniendo los registros a disposición del fisco para cuando este los requiera. En ambos casos, el software tendrá que ser homologado y garantizar que los datos no se alteren ni eliminen tras su registro.
Qué empresas y autónomos estarán obligados y quién queda exento del nuevo modelo
La obligatoriedad del sistema será progresiva. A partir del 1 de enero de 2026, todas las sociedades mercantiles deberán emitir facturas electrónicas verificables, mientras que los autónomos y personas físicas con actividad económica estarán obligados a sumarse desde el 1 de julio de ese mismo año. Esto supone que más de siete millones de contribuyentes tendrán que adaptar sus herramientas de facturación antes de que termine 2025 para evitar sanciones.
Sin embargo, la norma contempla excepciones claras. Quedarán fuera del ámbito de Verifactu las empresas ya integradas en el Suministro Inmediato de Información (SII), los contribuyentes con residencia fiscal en Navarra o el País Vasco (debido a sus regímenes forales propios), y aquellos profesionales que no estén obligados a emitir facturas. Esta “regla de los cuatro no” limita el alcance de la medida, pero refuerza la idea de que la digitalización afectará de manera directa a la mayoría del tejido empresarial español.
Multas de hasta 150.000 euros: las sanciones por incumplir la normativa
El marco sancionador previsto por Hacienda refleja la importancia de esta transición hacia la factura electrónica. Las empresas y autónomos que no utilicen un software certificado podrán enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros anuales (para muchos un monto exagerado dado el poco tiempo que se ha otorgado a los afectados para prepararse), mientras que los proveedores tecnológicos que no adapten sus soluciones a los requisitos de Verifactu se exponen a sanciones de hasta 150.000 euros. Además, los sistemas deberán garantizar la inalterabilidad de los registros, de modo que los errores solo podrán corregirse mediante la emisión de facturas rectificativas.
Estas medidas persiguen disuadir cualquier intento de fraude o incumplimiento y reforzar la igualdad entre empresas. Como destacan expertos en fiscalidad, la digitalización no solo aumentará la recaudación al reducir la economía sumergida, sino que también mejorará la competitividad, ya que todas las compañías estarán sometidas al mismo nivel de control. En este sentido, España da un paso hacia la modernización tributaria, alineándose con otros países europeos que ya aplican sistemas similares, como Portugal.
La implantación de Verifactu marcará un antes y un después en la fiscalidad española, y vaya que sí es así, un cambio que impactará directamente en miles de autónomos que todavía no están ni siquiera informados. Con este sistema, Hacienda pasará de supervisar las operaciones a posteriori a disponer de información inmediata y validada desde el origen, lo que supone un cambio estructural en la relación entre contribuyentes y Administración.
Empresas y autónomos deberán adaptarse (les guste o no, estén preparado o no) a un escenario donde la digitalización será obligatoria y cada factura tendrá un reflejo directo en la Agencia Tributaria. El Gobierno confía en que esta medida reduzca de forma significativa el fraude fiscal y garantice una competencia más justa en el mercado.
