Madrid abre un frente judicial contra el llamado «efecto Mad Cool», una polémica que va más allá de lo musical y que enfrenta directamente a promotores, administraciones y vecinos. La jueza de Instrucción nº34 ha decidido sentar en el banquillo al administrador del festival y a la empresa organizadora por un presunto delito contra el Medio Ambiente, tras confirmarse que en la edición de 2023 se superaron de forma reiterada los límites de ruido permitidos.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para el responsable, una multa de 73.000 euros para la mercantil y la inhabilitación para ambos durante dos años, en un procedimiento que también incluye indemnizaciones a los vecinos afectados por las molestias acústicas. El caso judicial pone en evidencia la fragilidad del modelo de macroeventos en el recinto Iberdrola Music, situado entre Villaverde y Getafe, donde cada año se repiten las denuncias por contaminación sonora, movilidad colapsada y falta de infraestructuras.
Getafe reclama compensaciones por los más de 100.000 euros que asume en seguridad y limpieza, mientras asociaciones vecinales de Villaverde y Getafe Norte denuncian sentirse convertidas en «parking improvisado» y escenario de molestias constantes, vamos que en esta disputa legal todos quieren ganar algo. La controversia abre un debate de fondo: ¿cómo conciliar el derecho al descanso de miles de residentes con la apuesta de Madrid por consolidarse como epicentro de grandes festivales internacionales?.
La Fiscalía pide cárcel e inhabilitación para el director del festival por superar los límites de ruido en 2023

La justicia madrileña ha dado un paso decisivo al abrir juicio oral contra el director del Mad Cool y la mercantil que lo organiza por un presunto delito contra el Medio Ambiente. Según el escrito de acusación, la Fiscalía solicita dos años de prisión para el responsable, además de su inhabilitación profesional durante el mismo periodo.
A la empresa promotora le reclama una multa de 73.000 euros e idéntica inhabilitación, tras constatar que en la edición de 2023 los niveles sonoros superaron ampliamente los límites fijados por la ordenanza municipal. Las pruebas recabadas por la Policía Municipal de Madrid y la Policía Local de Getafe revelan que, pese a contar con un permiso especial, las mediciones llegaron a alcanzar los 81 decibelios a medianoche frente a viviendas cercanas, cuando el máximo permitido era de 65.
Esta superación reiterada de los umbrales acústicos, considerada infracción «muy grave», ha abierto un debate sobre la responsabilidad penal de los organizadores y marca un precedente inédito en la relación entre grandes eventos y el respeto a la normativa medioambiental.
Getafe reclama compensaciones y denuncia que asume los costes mientras Madrid capitaliza los beneficios

El Ayuntamiento de Getafe ha intensificado sus críticas al modelo de macroeventos en el recinto Iberdrola Music, al asegurar que cada edición deja tras de sí un coste superior a los 100.000 euros en limpieza, seguridad y control acústico. El consistorio exige al Ayuntamiento de Madrid una compensación económica y advierte de que no aceptará que la ciudad siga cargando con los perjuicios mientras la capital obtiene los beneficios derivados de los festivales.
En este contexto, Getafe ha presentado recursos de reposición contra las licencias otorgadas para el Mad Cool y el Reggaeton Beach Festival, alegando una situación de «indefensión» frente a las decisiones unilaterales de Madrid. El gobierno local insiste en que Iberdrola Music no es un espacio adecuado para eventos de tal magnitud y recalca que la connivencia entre la Comunidad, la Delegación del Gobierno y el consistorio madrileño perpetúa un modelo de ocio que perjudica gravemente a los barrios colindantes.
Los vecinos afectados advierten que el recinto Iberdrola Music es inadecuado para macroeventos por su cercanía a zonas residenciales

Las asociaciones vecinales de Villaverde y Getafe Norte han denunciado de forma reiterada que la cercanía del recinto Iberdrola Music a áreas residenciales convierte cada festival en una fuente de molestias continuas. Según sus testimonios, el ruido, los atascos y el colapso de accesos transforman sus barrios en un «parking improvisado» para decenas de miles de asistentes, alterando de manera drástica la vida cotidiana.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) se ha sumado a estas críticas y reclama una revisión profunda del modelo de ciudad que prioriza la “eventificación” frente al bienestar de los residentes. A su juicio, la saturación de Getafe Norte y Marconi durante cada edición del Mad Cool evidencia que el recinto, situado a apenas unos cientos de metros de las viviendas, resulta inadecuado para acoger macroeventos. Con ello, las plataformas vecinales piden el cese de esta actividad o su traslado a un espacio con infraestructuras capaces de absorber su impacto.